Tras el homicidio de la policía de la Ciudad Maribel Salazar en la estación Retiro del subte C, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sorprendió al revelar que estaba en tratativas para la adquisición de pistolas Taser para los grupos especiales de las fuerzas federales.
Se trata de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.
Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a Infobae que optaron por ejecutar la contratación directa y no licitar, debido a que intentan aprovechar un descuento (de USD 123.500) que ofrece la firma a cambio de la entrega del lote que adquirió la gestión de Patricia Bullrich en 2019 del modelo X26P mediante la misma empresa. Esos dispositivos quedaron en desuso tras el cambio de Gobierno.
Sucede que el protocolo de actuación aprobado por la gestión de Juntos por el Cambio fue modificado el 31 de marzo de 2021 por Sabina Frederic, la primera ministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández.
La idea del macrismo era utilizar las armas de electrochoque en lugares de gran concurrencia como aeropuertos, pero la sucesora de la Presidenta del PRO prefirió que queden en manos de los grupos de élite de cada fuerza federal: Albatros de Prefectura, Alacrán de Gendarmería, Grupos Tácticos de PSA y el GE1, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de PFA.
Sus efectivos deben cumplir para portarlas el “protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad” vigente desde entonces.
En tanto, las pistolas de electrochoque que compró el Ministerio bajo la gestión de Bullrich habían quedado en poder de la PFA. Fuentes de esa fuerza indicaron que no las utilizaron porque el modelo X26P tienen un solo cartucho, no cuentan con arco de advertencia ni cámara que pudiera dar respaldo a la actuación que busca evitar muertes.
En cuanto a su uso, explicaron que solo serán portadas por agentes de las unidades especiales que enfrentan situaciones de toma de rehenes, secuestros, un intento de suicidio y diversos operativos.
“Hay narcos que tienen perros de gran porte que, cuando llegamos, nos atacan, si tenemos una Taser podemos evitar matarlos con un cuchillo y una pistola”, indicaron. Y fueron más lejos: “Si en el tren Mitre se registra una situación de una persona violenta y hay un efectivo habilitado para portar Taser, lo puede hacer”.
Desde el entorno de Aníbal Fernández indicaron que las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos (N° 20.429 de 1975) y los Decretos N° 395/1975 y N° 1039/1989.
“Su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido políticamente en los años 80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado. Es por eso que el debate sobre la cuestión está saldado, ya que nuestro gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales”, argumentaron.
La orden de compra 30-0005-OC23 (expediente EX-2022-117049221) fue ejecutada el 15 de febrero pasado y publicada en el sitio comprar.gob.ar, un día después del homicidio de Salazar, un crimen que reflotó el debate por este tipo de armas catalogadas de baja letalidad.
La discusión, que puso en relieve el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro en licencia, giró en torno a la dificultad de traer al país un lote de 60 pistolas Taser X2 compradas a través de la empresa Buccello S.A.
El fin que le destinará la Policía de la Ciudad será muy diferente. El funcionario planea la creación de “brigadas Taser” para cada comuna, que puedan ser convocados en las situaciones que ameriten y que puedan llegar con celeridad, como el caso del Juan Pablo Roldán, el policía de la PFA asesinado frente al MALBA. Estaciones del subte, trenes, colectivos y el microcentro son para esa administración los lugares más sensibles.
Según D´Alessandro, la ANMaC frena el proceso que inició en 2019 debido a que no autoriza la importación. De acuerdo a fuentes de ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la empresa no entregó la documentación pertinente.
El tema generó un fuerte cruce entre Bullrich y el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, que agitó la interna del PRO a meses de las elecciones.