El Gobierno aprobó la precalificación de 12 empresas que se epresentaron a la licitación pública nacional e internacional para la segunda etapa de concesión de las rutas nacionales. En ese acto, declaró inadmisible la oferta de la empresa estatal bonaerense, Aubasa, y de otras 13 firmas.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 537, publicada en el Boletin Oficial. El Ejecutivo sostuvo que la exclusión de la oferta de la provincia de Buenos Aires responde a “incumplimiento de los aspectos técnicos y económico-financieros”.
Semanas atrás, la gestión de Axel Kicillof planteó que Aubasa cuenta con experiencia, capacidad operativa y recursos para hacerse cargo de las rutas incluidas en la licitación y que su descalificación responde a una definición política y no a criterios técnicos.
En ese sentido, Nación ratificó su postura y remarcó que la presentación de la empresa bonaerense “no reúne las condiciones necesarias” para avanzar en el proceso. Además, subrayó que no hubo trato desigual entre los oferentes.
“La Comisión Evaluadora destacó la inexistencia de vulneración del principio de igualdad de trato”, indica el texto oficial y agrega que Aubasa no es la única firma excluida del proceso licitatorio.
Etapa II: cómo avanza el proceso de privatización de las rutas nacionales
El Gobierno anunció que este martes 21 de abril a las 20 se realizará la apertura de sobres de las ofertas de los nuevos operadores privados a través de la plataforma CONTRAT.AR. Hay 12 ofertas precalificadas.
El procedimiento abarca a los tramos Sur Atlántico-Acceso Sur; las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas; y el tramo Pampa, que hoy están en manos de Corredores Viales.
Esa instancia, que contiene las propuestas económicas para explotar más de 1800 kilómetros es un paso indispensable en el proceso de adjudicación.
Camarco reclamó por el estado de las rutas y la paralización de obra pública
En medio del procedimiento licitatorio de los corredores viales, la Cámara de la Construcción (Camarco) reclamó por el estado de las rutas nacionales y aseguró que la Argentina pierde US$25.000 millones anuales por no contar con el mantenimiento adecuado de su infraestructura.
Pese a que el sector calificó como “positivo” la privatización de los corredores y que se trata de un paso “hacia la modernización del sector”, Camarco aseguró que el Gobierno todavía debe resolver el mantenimiento de los 30.000 kilómetros de rutas que no resultan concesionables.
“Sin infraestructura, no habrá crecimiento ni desarrollo sostenible”, advierten. Por otra parte, también reclamó por la deuda histórica del Estado Nacional con las empresas constructoras.
En el comunicado, Camarco instó a las autoridades a diseñar y ejecutar un plan nacional de infraestructura que incluya:
.Reactivación inmediata de las obras paralizadas.
.Reconocimiento y cancelación de la deuda del Estado con las empresas constructoras.
.Normalización de la ejecución de fondos específicos, como los destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) o el Fondo Hídrico.
.Un programa federal de infraestructura que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento.
.Mecanismos mixtos de financiamiento que integren al sector privado.
.Promoción de las medidas necesarias para activar un programa de créditos hipotecarios acordes a la capacidad adquisitiva del conjunto de las familias.
.Políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras.
.Promoción del empleo formal y la capacitación en oficios vinculados a la construcción.