El Gobierno defendió hoy en la Cámara de Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, en un plenario donde los diputados de Unión por la Patria (UxP) expresaron un fuerte rechazo a esa iniciativa.
La primera reunión para debatir esta controvertida propuesta evidenció que el Gobierno necesitará enhebrar acuerdos con los bloques dialoguistas y aceptar cambios para poder avanzar en esta ley, ya que el kirchnerismo y la izquierda rechazaron de plano la iniciativa.
En representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que «resulta indispensable» reformar la ley del Régimen Penal Juvenil, que fue sancionada en la dictadura militar en 1980, ya que la norma actual «permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes».
El funcionario expresó estos conceptos al exponer ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez, y Juventud, que abrió hoy el debate sobre el proyecto promovido por el Gobierno Nacional para bajar la imputabilidad de 16 a 13 y establecer un nuevo mecanismo de resocialización de los jóvenes que hayan cometido un delito.
Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodríguez Machado (PRO), informó que en este debate participan 142 legisladores de cuatro comisiones y anunció que en la próxima reunión, que se efectuará el martes 6 de agosto, expondrán los autores de proyectos que presentaron diputados de diferente extracción política.
El 14 de agosto, en tanto, comenzará una ronda de consultas con especialistas.
Al argumentar a favor del proyecto, Amerio señaló que «ésta es una demanda que tiene la sociedad y que nosotros debemos, como Ejecutivo, atenderla y aquí, entre las cuatro comisiones, trabajarla y buscar una reforma porque creemos que esta ley es muy superadora respecto de la del año 1980».
«La situación de los menores en conflicto con la ley penal y su abordaje necesita una solución integral», dijo y destacó que en la actualidad la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que «los delitos de los menores de 16 años quedan impune».
Apuntó que «la ley 22.278, que es el actual régimen penal de la minoridad sancionada en el año 1980, no responde a los principios reconocidos por la Constitución y en la legislación internacional respecto del menor que ha infringido la ley penal».
Destacó que «los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición, lo que supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos».
El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; estos topes se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.
Por su parte, el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto, señaló que hay «una sociedad que demanda cambiar una ley que fue reformada en la dictadura con las características de ese momento».
Al defender la iniciativa, Soto dijo que «según encuestas se observa un aumento en la delincuencia que va desde los 13 a los 15 años de edad, esta modificación del Código tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la ley penal».
Dijo que esta ley busca proteger «a la víctima y para proteger al adolescente que está en conflicto con la ley penal y que él mismo está expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por la circunstancia de verse inmerso en la conflictiva penal».
En tanto, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer, planteó que «la política de Estado tiene que ser conducente en la resolución de problemas como, por ejemplo, los que surgen frente a la edad, ya que genera falta de credibilidad en la justicia; otro es que en Argentina la tasa de reiteración es elevada».
«La reforma sería una innovación muy importante considerando la escasez de respuestas que prevé la ley vigente y debería proyectarse a la legislación penal de adultos».
La presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Adolescentes, Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), señaló que la reforma al régimen penal juvenil debe «garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal».
Desde el kirchnerismo, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió «tener una mirada inclusive integral de aquellos aspectos que podrían suponer una discusión sobre el régimen penal para los adolescentes».
«Hay que hablar sobre el régimen procesal, hay que hablar sobre los aspectos de justicia penal juvenil, hay que hablar de infraestructura», exhortó.
También se quejó de que «no vengan a defender el proyecto los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich«.
Desde la UCR, Gabriela Brouwer planteó que «hay que dar el debate y lo tenemos que hacer con mucha seriedad y entiendo profundamente la preocupación que tenemos todos, ya que deberemos definir cómo abordar el conflicto que tienen los menores con la legislación penal».
En tanto, la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz se quejó que cuando se está analizando una reforma de esta característica «no hayan venido Cúneo Libarona y Bullrich», y dijo que el proyecto es «punitivo» y «es malo».
Y le pidió a Bullrich que «no hable más de ´delito de adulto, pena de adulto´, porque en la Argentina tiene rango constitucional la Convención del Derecho del Niño».