Ya no más películas ATP, aptas para mayores de 13, de 16 o de 18 años: el sistema con el que se clasifica a las películas en la Argentina y se orienta su exhibición al público acaba de cambiar. Así lo dispone el decreto 50/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que deroga el decreto 828 de 1984 y disuelve la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.
De ahora en más, las películas que lleguen a las salas argentinas desde Estados Unidos se exhibirán adoptando automáticamente los criterios de calificación emitidos en Hollywood. Para el resto de los films (apenas uno de cada tres estrenos), la responsabilidad recaerá sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA.
«La calificación de obras ya evaluadas en sus países de origen por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuando no existan razones de orden público que lo justifiquen, implica un uso innecesario de recursos del Estado nacional, además de generar demoras en la distribución y exhibición que impactan negativamente en la industria cinematográfica y en el acceso del público a una oferta diversa de contenidos», se argumenta en los considerandos del decreto.
Las nuevas categorías: G, SP, R-13, R-17 y 18 años
La letra chica del nuevo sistema de calificaciones, inspirado en el sistema estadounidense, se detalla en el anexo del decreto. El conocido ATP se llamará ahora G, por «Audiencia General»: «Contenido general, adecuado para personas de todas las edades». La siguiente categoría es «Supervisión parental sugerida» (SP), y se señala: «Contenido general, adecuado para personas de todas las edades, no obstante, se recomienda la orientación y supervisión de personas adultas, dado que ciertos contenidos pueden no ser apropiados para niños pequeños».
Finalmente hay tres categorías que presentan restricciones de edad, y que contemplan multas para los exhibidores que incumplan la normativa. En dos casos se admite la presencia de menores, acompañados por uno de sus padres o tutores: Restringida para menores de 13 y de 17 años (R-13 y R-17). La última restricción es la tradicional: los mayores de 18 años son libres de ver cualquier película.
Sturzenegger festejó el cambio: «Un decreto que da libertad»
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida con un largo posteo en la red social X, donde comienza invocando la película italiana «Cinema Paradiso», de Giuseppe Tornatore. Narró la escena final de la película, donde se ven escenas de cine censuradas, y explicó: «Me pareció que no había mejor metáfora en el cine para ilustrar el sentido del Decreto 50/26. Hasta el Decreto la calificación de las películas las hacía, sí, aunque Ud. no se lo crea un comité donde había un representante de la iglesia. Vivíamos en la película de Tornatore«.
Más adelante, agregó: «En definitiva un Decreto que da libertad», y felicitó al actual presidente del INCAA, Carlos Pirovano, «que está haciendo una gestión extraordinaria para devolverle libertad a la cultura«. También criticó a «los gobiernos ‘progres'» que «nada hicieron con esto»: «Es que ellos creen que el Estado sabe más que las familias y las personas. Por eso progresismo y autoritarismo se tocan», aseguró. Y cerró: «Los que creemos en la libertad por el contrario queremos sacar al Estado de la cultura, porque el Estado en la cultura no es política cultural sino que prostituye la cultura transformándola en propaganda política. VLLC!»
Adiós a la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, un organismo nacido con la democracia
La Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas fue creada en 1984 con la expresa misión de poner fin a la tristemente célebre figura de los censores de películas, que durante la última dictadura militar decidían de forma arbitraria qué obras podía ver la sociedad argentina. Así, durante décadas fue un símbolo de pluralismo y diversidad de pensamiento aplicado al campo de las artes, la cultura y el entretenimiento. «La comisión está integrada por representantes de los organismos competentes del Estado en lo que se refiere a cultura; educación y protección de la infancia, la adolescencia y la familia», se explica en el sitio web del INCAA.
«La Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, concebida en un contexto histórico significativamente distinto al presente, no ha demostrado en la actualidad la eficiencia necesaria para cumplir con las funciones de calificación de manera ágil y adecuada, debido tanto a la rigidez de su estructura colegiada como a la falta de actualización de sus criterios«, se argumenta en el decreto que la disuelve, «lo que genera demoras y dificulta la dinámica del sector audiovisual.»
También se asegura: «Habiendo transcurrido más de cuatro décadas desde el dictado de la mencionada Reglamentación, resulta evidente que las categorías y los criterios allí establecidos han quedado desactualizados frente a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que impactan en la producción y el consumo de contenidos audiovisuales, siendo necesario adecuarlos al principio de autonomía progresiva y a estándares internacionales vigentes.»
La responsabilidad sobre la orientación de las películas, en las familias
En el decreto se subraya también que «la responsabilidad primaria sobre el control, orientación y supervisión de los contenidos audiovisuales a los que acceden los menores de edad recae en sus padres, madres y/o tutores«, y que el Estado tiene un rol «complementario» de «orientación y prevención».
Se destaca también que el INCAA cuenta con «la capacidad técnica, los equipos especializados y la experiencia acumulada» para ser «el órgano idóneo para llevar adelante el proceso de calificación».
Por último, el texto del decreto enfatiza que dos de cada tres películas que se exhiben en la Argentina, exactamente el 65,86% de los filmes según datos de 2024 informados por el INCAA, son de origen estadounidense. En línea con esa información, se decide homologar los criterios de calificación y exhibición a los de Hollywood, reservando para el INCAA la facultad de «adecuarlas a los criterios nacionales cuando corresponda» y «modificar, de oficio, calificaciones de origen» por «razones de orden público».