El Gobierno nacional aseguró haber detectado que 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) figuraban activos pese a corresponder a personas fallecidas, en el marco del proceso de reordenamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) iniciado tras la intervención del organismo.
La irregularidad surgió a partir de un cruce de datos entre los registros de la Andis y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que permitió identificar certificados vigentes a nombre de personas que ya no estaban con vida. La información fue relevada en las últimas horas y motivó la decisión de dar de baja de manera inmediata esos certificados.
Además, el Ejecutivo evalúa avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes continuaron percibiendo beneficios asociados al CUD como contra los prestadores que habrían facturado servicios a personas fallecidas, una maniobra que es considerada como un perjuicio directo al Estado.
Investigación interna y posibles acciones judiciales
La detección de los certificados irregulares dio lugar a una investigación interna dentro de la agencia, que quedó bajo intervención tras la salida de su anterior titular. El proceso de revisión fue impulsado como parte de una auditoría integral destinada a ordenar el funcionamiento del organismo y a identificar posibles inconsistencias administrativas.
Según el análisis oficial, el cruce de bases debió haberse realizado con anterioridad, ya que se trata de un control básico para evitar pagos indebidos. La omisión de ese procedimiento es uno de los puntos que ahora forman parte de la evaluación interna sobre la gestión previa del organismo.
En este contexto, se prevé un segundo cruce de información para identificar a los prestadores que declararon haber brindado servicios a beneficiarios fallecidos. Con esos datos, el Gobierno analiza avanzar con denuncias penales por presunta defraudación al Estado.
Qué es el Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la discapacidad de una persona y permite acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el territorio nacional. El Certificado Único de Discapacidad se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, sino períodos de actualización que actualmente se encuentran prorrogados.
El hallazgo de certificados activos a nombre de personas fallecidas expuso fallas estructurales en los mecanismos de control, en un área sensible del Estado que administra recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Auditoría en marcha y contexto político
Tras el cambio de autoridades en la Andis, el Ministerio de Salud ordenó una auditoría integral del organismo, con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como órgano de control externo. La revisión incluye no solo la gestión de los certificados y las Pensiones No Contributivas (PNC), sino también los procesos de compras de medicamentos.
La auditoría comenzó en septiembre pasado y, de acuerdo con los plazos legales, podría concluir antes de finalizar el primer trimestre de 2026. Los resultados aún no fueron oficializados, pero el Gobierno anticipó que el proceso busca establecer responsabilidades administrativas y, de corresponder, penales.
El área de Discapacidad atravesó durante el último año una etapa de fuerte conflictividad, marcada tanto por el escándalo que derivó en la intervención de la agencia como por las críticas del oficialismo a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya derogación no logró prosperar en el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
Mientras avanza la auditoría, el Ejecutivo sostiene que la depuración de los registros es una condición necesaria para transparentar el sistema, garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar maniobras que afecten las arcas públicas. /iProfesional