A través de un decreto que lleva las firmas de Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había montado para investigar el escándalo alrededor de $LIBRA, la criptomoneda difundida por el presidente desde sus redes sociales y que está sospechada de ser una estafa por la suba y caída de su precio en minutos.
La medida apareció publicada este martes en el Boletín Oficial, como el decreto 332/2025. La UTI había sido creada el día 19 de febrero, cinco días después del tuit presidencial en el que se presentaba el criptoactivo.
La tarea de dicha Unidad era «recabar información relacionada con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal».
La UTI estuvo a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, dependiente del propio Ministerio de Justicia. Allí recabó información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), de ARCA, del Banco Central, de Casa Militar, de Secretaría General de Presidencia de la Nación (el área que corresponde a Karina Milei), la Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina Anticorrupción o Secretaría Legal y Técnica entre otras áreas del Estado.
Según argumentó el gobierno, la comisión ya emitió un informe que fue presentado al Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual ordenan disolver la Unidad investigadora. La misma estuvo en función apenas tres meses para confeccionar el informe.
El Gobierno también intenta clausurar el frente legislativo alrededor del criptoescándalo. Es que la comisión de Diputados que pretende investigar al presidente quedó empantanada tras una maniobra de Martín Menem, quien al dividir los bloques aliados sumó más sillas y provocó que la elección de autoridades terminara igualada en 14.
Frente a esta situación, la oposición buscará este miércoles, en el marco de una sesión que sería convocada para tratar proyectos previsionales, que el cuerpo designe al titular de la comisión cripto.
Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, surfearon la doble citación de los diputados para dar explicaciones en el recinto y ahora la salida sería convocarlos al ámbito de la comisión investigadora, que quedó estancada por la falta de acuerdo para designar a las autoridades.
Desde la Casa Rosada hay una intención por diluir el debate en el marco de las comisiones que actualmente funcionan en el Congreso y mediante la presentación de informes, mientras que los dialoguistas más cercanos al oficialismo entienden que el caso debe ser investigado en el ámbito de la justicia.
Más allá de los nombres, la oposición viene entonada también por las recientes medidas que tomó la jueza María Servini de Cubría, quien activó la causa judicial al ordenar el congelamiento de los bienes y activos financieros de los principales implicados en el presunto fraude con la criptomoneda $Libra.
En forma paralela, la jueza dispuso medidas para investigar en forma reservada el patrimonio del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un legajo secundario que está bajo secreto de sumario.
El fiscal también había requerido al área especializada en investigación patrimonial «asistencia para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier y Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, desde el año 2023 hasta el presente». Estos últimos tres son los empresarios que eran responsables del Tech Forum, el encuentro cripto donde se sospecha que podría haber comenzado a gestarse el proyecto de $LIBRA.
Mientras tanto, en el fuero federal penal se sumó otra pieza: una denuncia contra Karina Milei como quien «recaudaba coimas» para garantizar entrevistas con su hermano y presidente de la Nación. La acusación judicializada la denomina como «la valijera» del gobierno.