El Gobierno oficializó este jueves la medida que establece que el alojamiento de las personas detenidas se determinará según el sexo registrado al momento del delito por el cual se ordenó su arresto, sin posibilidad de traslado en caso de cambios de género posteriores.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 61/2025 del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Javier Milei.
“El lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad será asignado por la administración penitenciaria dentro de su misma jurisdicción, en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”, establece el artículo 1 del decreto.
En el artículo siguiente, se especifica que “la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posterioridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743, cuando hiciera valer la mencionada rectificación para la aprobación de su solicitud”.
El decreto establece que “los establecimientos penitenciarios deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas que se encuentren tramitando o que ya hubieren finalizado un procedimiento de rectificación registral del sexo, en los términos de la Ley N° 26.743” y que “en ningún caso podrán adoptarse medidas que puedan representar un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral, o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
En línea con lo anterior, se dispuso que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo, cuando la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer”.
Del mismo modo, estas personas tampoco podrán ser reubicadas si “la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determina que su alojamiento en un establecimiento penitenciario signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
La prohibición había sido anticipada por Milei
El presidente Javier Milei había adelantado esta medida en noviembre pasado, durante un acto de entrega de sables y despachos a las Fuerzas Armadas en la Casa Rosada. En esa ocasión, criticó las políticas garantistas implementadas durante el kirchnerismo y anticipó que prohibiría la posibilidad de que los detenidos soliciten un cambio de género mientras cumplen condena.
«Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir», expresó en su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Durante el mismo acto, el mandatario mencionó el caso de “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos, quien se declaró bisexual y poliamoroso para ampliar la lista de contactos estrechos.
“Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo”, afirmó.
Por otro lado, este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, además de anunciar que quedarán prohibidos los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, se refirió a la nueva reglamentación sobre traslados en cárceles. “El sistema actual permite que personas condenadas puedan volver a cometer delitos contra víctimas que también son mujeres”, sostuvo.
El caso ocurrido en Córdoba citado en el decreto
En los considerandos del decreto, el Gobierno hizo referencia a “un reciente caso ocurrido en la Provincia de Córdoba en el cual una persona, condenada por la comisión de un delito en el que había mediado violencia contra una mujer, realizó el trámite de rectificación registral de sexo y, en virtud de él, se le concedió una reubicación, lo que derivó en la comisión de diversos abusos contra las internas que se alojaban en el establecimiento”.
El texto oficial señala que “resulta irrazonable que el reconocimiento de un derecho, en el marco de la ejecución de una pena privativa de la libertad, pueda ser empleado para poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad sexual de las mujeres que cumplen sus condenas en establecimientos penitenciarios”.
Este miércoles, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba volvió a imputar a la misma persona tras dos nuevas denuncias por abuso sexual contra otras internas.
El acusado, Gabriel Fernández, ingresó en 2016 como hombre al penal de Bouwer, en Córdoba. Dos años después, realizó el trámite de cambio de sexo, pasó a llamarse Gabriela y fue trasladado de pabellón. Posteriormente, abusó sexualmente y embarazó a una detenida.