El Gobierno dispuso la primera modificación del año en el presupuesto nacional, redistribuyendo partidas para reforzar los recursos destinados a educación, seguridad y salud, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.
En ese marco, el Ejecutivo consideró que “dada la emergencia, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”, sosteniendo que “para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.
Asimismo, advirtió que “de no realizarse la modificación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.
En el texto oficial también se estableció un régimen especial para regularizar deudas con las generadoras del sector eléctrico, dispuso créditos para distribuidores de energía que no tengan deudas con CAMMESA, se habilitó el endeudamiento externo de provincias y quedó estipulada la posibilidad de que Nación salde obligaciones con las provincias mediante la cesión de bienes estatales.
En relación al último aspecto mencionado, se explicó que “los bienes inmuebles que son innecesarios y/o sin destino de propiedad del Estado nacional podrán ser afectados al pago de deudas, lo que permitirá sanear parcialmente las cuentas públicas y aliviar el gasto que conlleva el mantenimiento de aquellos bienes que no aportan un valor fundamental para los fines estatales”.
En materia educativa, el DNU restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos relativos a los servicios de educación a provincias y municipios.
Al respecto, se aseguró que “ello responde a que este Gobierno Nacional valora la educación y entiende que es necesario destinarle los recursos suficientes para que puedan cumplirse sus fines esenciales, garantizando los derechos de los ciudadanos y permitiendo la movilidad social ascendente”.
Por otro lado, se aprobó el pago de aportes al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$436,9 millones en siete cuotas.
Áreas involucradas en la modificación del presupuesto
Jefatura de Gabinete de Ministros: tras la eliminación de las PASO a nivel nacional, se consideró necesario adecuar el presupuesto “con el fin de atender las erogaciones inherentes al proceso eleccionario y desarrollo de los comicios y disminuir la asignación de aportes del Tesoro Nacional”.
Ministerio de Seguridad Nacional: se reforzó el presupuesto vigente “para poder atender el servicio de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas”.
Secretaría de Energía: se adecuó el presupuesto disminuyendo los créditos correspondientes a las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).
A su vez, se reforzaron las transferencias a la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), “para llevar a cabo gastos asociados al préstamo por la obra Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff – La Barrancosa”.
Superintendencia de Seguros de la Nación: se incrementaron las asignaciones corrientes del presupuesto “con el fin de atender los gastos inherentes a un embargo judicial”.
Ministerio de Salud: se consideró menester reforzar el presupuesto vigente “con el propósito de atender erogaciones inherentes a su normal funcionamiento”. En la misma cartera, también se incrementó el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad “con el objeto de atender las erogaciones necesarias para continuar con el referido proceso de auditorías masivas de pensiones no contributivas por invalidez laboral”.
Casa de moneda: en medio de su intervención, se entendió que “resulta fundamental adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro destinados a Sociedad del Estado Casa de Moneda”.
Ministerio de Defensa: se estableció el porcentaje de participación que el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, financiará con sus propios recursos en la atención del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.