El plan de revisión del Estado que puso en marcha el Gobierno incluye cambios en distintas áreas, como la Salud. Entre las últimas medidas que se oficializaron, se modificó una reglamentación aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner que asignaba subsidios sobre las obras sociales con menos cantidad de afiliados y a las que la administración de Javier Milei acusa de funcionar como “sellos de goma”.
A fines de abril, a través del Decreto 355/2024, el Gobierno cambió el mecanismo a través del cual se calculaba la repartición del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que la Superintendencia de Servicios de Salud le entrega a las obras sociales. Esta asistencia, que se implementó en 2012, disponía la distribución automática de un subsidio que se financiaba a través del Fondo Solidario de Redistribución y su principal objetivo era compensar los ingresos de las obras sociales más chicas, de menos de 5000 afiliados.
El problema, argumentan en el Gobierno, es que el subsidio como estaba organizado anteriormente generaba distorsiones en la distribución de los recursos del sistema. “Las que tenían menos de 5000 afiliados cobraban más que las que tienen más. Entonces muchas elegían no crecer, no dar prestaciones y lo único que hacían era no pasar la barrera de los 5000 afiliados así cobraban millones en subsidios”, explicaron fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por eso, si bien el Ejecutivo dispuso la medida en abril, a partir de junio las obras sociales empezaron a cobrar ese subsidio en función de la cantidad de afiliados, ya que la nueva normativa estableció que el 3% de la recaudación de los aportes de los contribuyentes (los afiliados) “se distribuirá en forma directamente proporcional al número de afiliados de cada agente (las obras sociales)”.
“Se le daba un premio a la ineficiencia. Eso no solo era un curro, sino que también generaba una injusticia con el resto de las obras sociales que sí superaban ese número a partir de competir libremente en el mercado”, insisten en el Ejecutivo. “No hubo recorte sino reordenamiento del sistema ya que lo que dejan de cobrar las que menos tienen lo van a cobrar las que más tienen, ya que ahora es por afiliado”, aclaran.
Pero lo cierto, es que a través de la redistribución de los fondos de ese subsidio, las obras sociales con menor cantidad de socios empezaron a percibir una reducción en los ingresos que llegaban a través de esa vía. Solo a modo de ejemplo, de las casi 200 con menos de 5000 afilados, el mayor ajuste lo sufrió la obra social de Modelos Argentinos (OSMA) -que cuenta con 4420 miembros-, que pasó de percibir $129.376.104 a $4.680.571. Esto es, un recorte de $124.629.532 a partir de la nueva reglamentación.
En segundo lugar, las obras sociales de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines -que tiene 4430 socios-, recibía $119.954.692 y ahora se quedó con $4.691.161, lo cual representa una caída de $115.263.531; y la obra social para el Personal de Dirección de la Industria Maderera -con 3997 afiliados-, contaba con $119.278.304 y ahora quedó con $4.493.136.
También se suman a la lista la obra social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción -con 3642 miembros-, que dejó de percibir $99.537.881, ya que antes de la nueva normativa recibía $103.394.587; al igual que la obra social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estado, que cuenta con 4243 socios y tiene ahora $4.493.136, lo cual representa $97.089.343 menos que antes de la disposición oficial.