Para el Gobierno, nada cambia; para los usuarios de los colectivos que tienen tarifa social y pagan poco menos de la mitad de la tarifa, probablemente, tampoco. Pero para las billeteras de los gobernadores, la medida no pasará desapercibida.
El Gobierno implementó un importante cambio en el esquema de la tarifa con descuento que tienen millones de usuarios a la hora de subir a un colectivo, sea nacional, provincial o municipal. Modificó el sistema SUBE de tal manera que ahora sean las provincias quienes tengan que aportar una parte de esa compensación, en caso de que suban sus tarifas.
El esquema vigente hasta las cero de hoy establecía un descuento del 55% que se aplicaba sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción; el resto lo aportaba la Nación como compensación, conocida como subsidios. Ese porcentaje se mantiene ahora, pero con una salvedad que, por ahora, no impactará en los bolsillos de los beneficiarios de la tarifa social.
Sucede que la norma establecía que el Tesoro Nacional aportaba un porcentaje del pasaje. Pero, con la transferencia de la jurisdicción que este Gobierno le hizo a las provincias en materia de transporte de colectivos, pues perdió la posibilidad de regular el precio del boleto. Cada jurisdicción establece el precio que quiere sin que el estado nacional pueda emitir opinión.
Así las cosas, el cheque que partía, con demora, desde Balcarce 50, se movía de acuerdo a la voluntad de los gobernadores. Es decir, aumentaba el monto del subsidio total ya que, cada vez que una provincia o un municipio decidía subir el boleto, el aporte nacional se ajustaba automáticamente para mantener la cobertura del 55% de esa nueva tarifa.
Cuidadosos con las transferencias de dinero, el Ministerio de Economía cambió el sistema y decidió que habrá un mojón a partir de ayer. El descuento, si bien se reconoce en el mismo porcentaje, se calculará sobre “tarifa de referencia” congelada a los cuadros tarifarios vigentes a ayer, 30 de junio de 2026. Sólo se modificará el cálculo cuando el regulador nacional recalcule todos los costos del sistema. De ahí que el impacto de la medida, por ahora, no debería impactar en los beneficiarios.
En el texto de la resolución, además, se incluye a los usuarios de trenes que también gozan del beneficio cuando usan el transporte ferroviario. El tema es que en este punto, la decisión tiene menos impacto ya que los servicios urbanos de ferrocarril son nacionales.
El artículo dos de la norma que se publicó en el Boletín Oficial es explícito: “Mantendrá su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”. Ya no hay más reajuste automático y se necesitará una decisión administrativa del gobierno central expresa para actualizarse. En su caso, si las provincias deciden poner un precio mayor no quieren que cambie el valor para los usuarios de la tarifa social, deberán desembolsar la diferencia de sus cajas provinciales.
Congelar las cuentas
La nueva situación desacopla el aporte nacional de los aumentos tarifarios futuros que decidan las provincias. Si un gobernador sube el boleto en agosto, el Estado nacional reconocerá el 55% calculado sobre la tarifa de junio, no sobre la nueva. Los propios considerandos de la resolución lo dicen sin vueltas, ya que quieren evitar que las subas tarifarias “impacten en forma directa, automática e imprevisible sobre las erogaciones del Tesoro Nacional”.
En la práctica, es un mecanismo para contener el gasto: convierte un subsidio que era “55% de lo que cueste el boleto, siempre” en “55% de un valor fijo en pesos, salvo que el Estado decida actualizarlo”. Con inflación o aumentos tarifarios provinciales, el valor real del aporte nacional se licúa con el tiempo a menos que la Secretaría intervenga activamente para cambiar la referencia.
Son beneficiarios de la tarifa social los jubilados y pensionados; personal de trabajo doméstico; veteranos de la Guerra de Malvinas; monotributistas sociales; titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo; personas con seguro por desempleo y seguro de capacitación y empleo, y titulares de Pensiones No Contributivas, entre otros.
A su vez, la norma consolida, en rigor deroga o reemplaza, una serie de resoluciones dispersas desde 2012, todas del viejo Ministerio del Interior y Transporte. Además, hay una salvedad operativa: Nación Servicios avisó que el sistema SUBE no puede implementar de inmediato este mecanismo de cálculo, sino que van a aplicar reglas provisorias hasta adecuar el sistema central. Una cosa más: las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires conservan la potestad de dar descuentos, gratuidades o franquicias mayores. Pero claro, tendrán que hacerlo con financiamiento propio. Que nadie espere la billetera nacional.