El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro confirmó públicamente que Sergio Massa, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, evalúan el pago de una suma fija para trabajadores en relación de dependencia para paliar la inflación.
Esta posibilidad, hablada incluso desde la gestión de Martín Guzmán, había sido descartada por los «gordos» de la CGT quienes solicitaron reapertura de paritarias. Sin embargo, dentro del sindicalismo también había diferencias.
En agosto pasado, la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, deslizó esta posibilidad: «El Gobierno analiza todas las medias posibles» al responder sobre la posibilidad de que se pague un bono para trabajadores formales para equiparar los salarios con la inflación.
Según un reciente estudio de Fundación Libertad y Progreso, los salarios promedio de la economía desde diciembre del 2019 aumentaron 31 puntos porcentuales menos que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia.
El relevamiento, realizado en base a datos del INDEC y el Ministerio de Trabajo, indicó que «entre diciembre de 2019 y julio de 2022 (último dato disponible) los salarios aumentaron 197%, mientras que la CBA lo hizo 228%».
Agregó el informe que el sector que más deterioro tuvo en sus ingresos «fueron los trabajadores privados no registrados, que tuvieron un incremento en sus salarios de 171% y los trabajadores registrados que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que creció 170%».
«En ambos casos, la diferencia con el aumento de la CBA ronda los 60 puntos porcentuales» señaló el estudio.
El sector que salió menos perjudicado fue el de trabajadores privados registrados que tuvieron un aumento del 203% y los asalariados del sector público que mejoraron sus sueldos un 201%.
La Remuneración Promedio de los Trabajadores Registrados Estables (RIPTE), aumentó 206%, 22 puntos menos que la Canasta Básica Alimentaria.
De concretarse este bono, el Gobierno le daría una ayuda más a los salarios que se suma a una serie de medidas ya tomadas como el bono de $45.000 para indigentes, el control de precios – a través de Precios Justos- y el Ahora 30.