El Gobierno formalizó este jueves la nueva estructura de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Se trata del organismo encargado de gestionar los puertos y vías navegables del país creado por DNU a principios de 2025.
La medida fue oficializada a través de la resolución 4 publicada este jueves en el Boletín Oficial y luego de anular la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En los considerandos de la normativa, se establece el esquema organizativo de la agencia, que reemplaza a la Administración General de Puertos (AGP) y absorbe las funciones de la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
“Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía”, dicta la resolución.
Y detalló cómo se conforma el organigrama de la ANPyN: estará encabezada por el director ejecutivo, le seguirán un subeditor ejecutivo y una Unidad de Auditoría Interna.
A nivel operativo, se organiza en la Gerencia de Coordinación Técnica y la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa.
El Gobierno anuló la licitación de la Hidrovía
Este miércoles, el Gobierno anuló la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y anunció que investigará a la única empresa que se presentó.
Esta decisión fue tomada luego de que se abrieran los sobres con las ofertas internacionales y se hayan encontrado con una única oferente, la dragadora belga Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME).
La gestión de Javier Milei se comprometió a hacer una “licitación transparente y competitiva que garantice el mejor servicio para los productores”. También dijo que desde el inicio fijaron que en caso de que se presentara un solo oferente, “se daría de baja la licitación”.
“Llama poderosamente la atención que, pese a haber más de 11 empresas inscriptas para participar, de haber recibido consultas y de saber que algunas compañías estaban preparando la documentación licitatoria para competir, solo se haya presentado una sola oferta”, planteó Adorni.
Por ello, el Ejecutivo decidió dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC) para que investigue “la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas o la presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional y los productores argentinos”.