A horas de que se lleve a cabo una nueva convocatoria en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brinden datos que permitan identificar a quienes protagonizaron los incidentes en el Congreso el pasado miércoles.
Desde la cartera a cargo de Patricia Bullrich ofrecieron la compensación económica para «aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional».
«Es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y ‘barrabravas‘ de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores«, se detalló en la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
En la publicación oficial también se indicó que «los grupos movilizados nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas» y que «incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales».
«Los hechos descriptos encuadran prima facie en los delitos de sedición, asociación ilícita agravada, y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, sin perjuicio de una mejor calificación que resulte de la investigación penal», se argumentó en el documento.
Teniendo en cuenta los hechos detallados, el Gobierno consideró que «resulta necesario y urgente identificar a los autores de los mencionados delitos, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional».
«Por las características de los hechos descriptos, resulta dable considerar que se trata de un caso de seguridad nacional que amerita una rápida y contundente respuesta del Estado», se argumentó en la publicación emitida desde el Ministerio de Seguridad.
En el documento se aclaró también que «es de vital importancia para el Poder Ejecutivo Nacional garantizar el orden público y la estabilidad institucional, previniendo y sancionando cualquier acto de violencia que atente contra el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y que proteja a la ciudadanía».
«En caso de registrarse nuevas manifestaciones con características similares a las descriptas, el Poder Ejecutivo podrá adoptar medidas análogas, a fin de preservar la paz social y asegurar el respeto a las normas vigentes», se remarcó desde la cartera conducida por Bullrich.
En la resolución emitida este miércoles, se señaló que «atendiendo a la gravedad de los hechos y la posibilidad de reiteración de situaciones de violencia organizadas», el Poder Ejecutivo «evaluará la ampliación de la presente resolución con el objetivo de reforzar las acciones tendientes a la identificación, sanción y prevención de este tipo de delitos».
Las advertencias emitidas desde la cartera de Seguridad fueron lanzadas pocas horas antes de que tenga lugar la nueva protesta de jubilados y pensionados lanzada para este miércoles 19 frente al Congreso Nacional.
El megaoperativo de este miércoles en el Congreso
La cúpula de Seguridad del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para ajustar los detalles del megaoperativo que se desplegará este miércoles. Se decidió que más de 2.000 agentes, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, se dispondrán en el Congreso y sus alrededores.
El contexto es el clima tenso por el debate del DNU 179/25 y las secuelas de la represión de la semana pasada, que resultó en más de un centenar de detenidos y decenas de heridos.
A los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.