El Gobierno postergó nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), al trasladar los efectos de la suba para mayo, mediante el Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, considerando “necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación que se viene acelerando en los últimos meses.
El Ejecutivo viene realizando ajustes parciales de los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral.
Además, estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
La nueva fecha para aplicar los incrementos diferidos es mayo, a la espera de que cese el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos e Israel y el petróleo se aleje de la zona de los US$100.
Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.
Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones, de acuerdo a la estimación de la consultora Economía y Energía.