El plan es ambicioso y se planifica en secreto desde hace meses. El Gobierno Nacional impulsará una reforma inédita del Ministerio de Seguridad Nacional para darle más poder de vigilancia, y para que obtenga nuevas jurisdicciones en las que intervenir . Entre ellas, se incluirá a los pasos fronterizos que hoy controla la Dirección General de Migraciones, cuyos agentes son civiles. Dejarán de serlo. Se creará la “Policía Migratoria”. Quienes chequeen quienes entran y salen del país por los pasos legales, y también los ilegales, serán agentes entrenados como los de otras fuerzas de seguridad. En principio, habría un cambio también en la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hoy dedicada de modo casi exclusivo a prevenir o actuar en incidentes en los aeropuertos.
Es por esta cuestión que la administración de Migraciones dejó de estar bajo supervisión del ministerio del Interior, hoy liderado por Diego Santilli.
El plan de reforma de Bullrich excede a esta novedad.
Las modificaciones que se buscarán materializar en el mediano plazo tienen como objetivo asimilar, siempre con las características de un país como la Argentina, incluidas a las capacidades presupuestarias limitadas, al poder de actuación que tiene el llamado Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (el conocido como United States Deparment of Homeland Security).
Las fuentes oficiales consultadas por Clarín que trabajan en este proyecto aceptaron la comparación con “Homeland Security”, siempre salvando las diferencias con el ente de la primera potencia mundial.
Eso significa que el “nuevo” Ministerio de Seguridad Nacional trabajaría en combatir los delitos que se cometen en las fronteras y pasos migratorios; pero también en ampliar la supervisión en la problemática de la ciberseguridad; la detección de potenciales peligros que surjan del chequeo de las redes sociales e internet; y también combatir al terrorismo que podría actuar en el interior del país; sumados a la pelea estatal contra posibles emergencias provocadas adrede o por la naturaleza, entre otros items de estilo similar.
El nuevo diseño de las políticas de seguridad incluirán el intento de modificar la jurisdicción y funciones de buena parte de la Policía Federal Argentina (PFA). Siempre de acuerdo a las inobjetables fuentes gubernamentales, y a la corroboración de sus dichos con otros funcionarios de la Casa Rosada que sinceraron este programa de reformas, se impulsará la fundación de un cuerpo de elite de investigaciones de la PFA dedicados a investigar delitos complejos a nivel federal. Otra vez, los funcionarios ponen como ejemplo a un organismo emblemático a nivel internacional pero que, al igual que Homeland Security, actúa en los Estados Unidos. Es el FBI (por Federal Bureau of Investigations).
El proyecto de crear un “FBI argentino” se planteó una decena de veces en varias gestiones presidenciales pero nunca se logró concretar en los hechos.
Los fines suenan grandilocuentes: tanto instaurar un “Homeland Security” criollo como fundar o darle potestad de acción a la PFA comparable al del FBI.
Según pudo saber Clarín, Bullrich estudia desde hace meses estás variables que consultó tanto con el asesor estratégico de Javier Milei, Santiago Caputo, como quien encarna el “nuevo” poder en la Casa Rosada, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Tiene el apoyo de ambos para implementar su gran reforma que extenderá el poder del Ministerio de Seguridad Nacional, incluso posiblemente chocando con áreas de otros entes que se ocupan de los nuevos temas que buscaría combatir el “Homeland” nacional.
Por ejemplo, la prevención o la solución a los ciberataques es hoy una de las tareas que, bajo la administración Milei se encargó, por caso, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
¿Resistencias?
Las fuentes oficiales aceptaron que el plan Bullrich podría generar resistencia en jefes de organismos como el de los espías del servicio secreto nacional.
Pero las fuentes explicaron algunos de los motivos del cambio en este sentido que planteó Seguridad, y que debería tener apoyo del Congreso para aprobar nuevas leyes relacionadas con el proyecto de Bullrich y su reemplazante, Alejandra Monteoliva.
Ejemplos concretos, de acuerdo a las fuentes del caso que argumentaron las reformas ante Clarín. En el caso del aumento en las potestades para incrementar las barreras en ciberdefensa, los funcionarios afirmaron que la problemática es mundial, y que aqueja no solo a entes estatales, si no, y sobre todo, a empresas del ámbito privado. Esas compañías tienen dudas de denunciar su acoso cibernético, que se apropia de la información de bancos, o firmas de rubros diversos pero relevantes, además del riesgo que conlleva que se alteren los sistemas de centrales de energía, entre otras plantas sensibles para la seguridad nacional.
“Las empresas que sufren los ciberataques tienen temor, por prejuicios, de alertar a la SIDE cuando son víctimas del secuestro virtual de su información”, ejemplificó una fuente que trabajó el tema en consulta con jefes de la SIDE, pero sobre todo con los Milei: “Si es el Ministerio de Seguridad Nacional, o se llame el nuevo mega-organismo que vamos a crear para combatir todo tipo de delitos que ocurran dentro del territorio nacional, la reacción podría ser diferente. Hace pocos meses un importante laboratorio de análisis de salud sufrió un ciberataque que secuestró todas las historias clínicas de sus pacientes. No fueron a avisar a la SIDE, por supuesto. Esas cosas deben cambiar”, reafirmó la autoridad consultada por el tema.
El jefe de los espías, Sergio Neiffert, no habría puesto objeciones a que se superpongan funciones con el sector del espionaje que controla los sistemas informáticos nacionales. Como adelantó Clarín este domingo, el “Señor 5” se habría alineado políticamente con Karina Milei aunque haya sido designado en su puesto por sugerencia de Santiago Caputo.
Respecto a la profesionalización del “FBI” nacional, se explicó también que deberá producirse un cambio en el patrullaje que hoy la PFA está obligada a realizar, por caso, en las diferentes líneas de ferrocarriles, todos bajo ámbito federal. “Las provincias se tendrían que hacer cargo de que los trenes sean vigilados por sus policías locales. La federal pierde energía, recursos humanos y económicos en cuidar las formaciones de los trenes cuando podrían estar enfocada en investigar delitos complejos”.
La idea de crear una Policía Migratoria tiene como objetivo aligerar el trabajo que realizan hoy la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en los pasos fronterizos.
Pero también buscaría cambiar el estatus y la formación de los agentes de migraciones que son civiles y deben evitar el ingreso de delincuentes al país. “No son policías. Si llega a uno de los puestos de Migraciones alguien que tiene un pedido de alerta rojo de Interpol, es imposible que sea un agente de migraciones que lo detenga. No sabe cómo hacerlo, y se corren riesgos. Nos ha pasado de que delincuentes que son detectados como tales cuando entran por pasos legales a la Argentina se escapan del control migratorio y pasan igual las fronteras antes de que lleguen las fuerzas de seguridad a detenerlos. Pasó, pocas veces, pero pasó. En otros países del mundo los trámites migratorios y el control fronterizo lo realizan oficiales entrenados y con tecnología acorde para tener éxito”.
Bullrich pone como ejemplo a Homeland Security y al FBI para hacer más gráficas sus reformas. Pero también tomaría ideas de coordinación de agencias no solo de los Estados Unidos, si no también del Reino Unido. En ese caso, se estudiaron también las facultades que las autoridades británicas organizaron para que sean manejadas por MI5, el servicio secreto que se encarga de la Inteligencia para prevenir ataques o filtraciones de espionaje en el interior de su país.
El plan de Bullrich, una máquina de acumular poder, esta vez proyecta esta reforma pero para un Ministerio de Seguridad Nacional que ya no liderará debido a que pasa al Senado Nacional.
La sucesora en su puesto, Monteoliva, está de acuerdo con las modificaciones, todas sensibles y que tocarán intereses de otros entes estatales.
Una de las fuentes que aceptaron hablar con Clarín del Homeland nacional afirmaron que “siempre se utilizaron a organismos como Migraciones como espacios de poder y no como entes que podrían organizar y coordinar información fundamental para la seguridad nacional. Ésa es nuestra idea: organizar los datos que hoy están desperdigados y generan problemas y caos para prevenir o atacar al crimen organizado”, cerró la autoridad que conoce al detalle la posible gran reforma ideada por Bullrich.
La aun ministra había intentado persuadir al anterior ministro del Interior, Lisandro Catalán, de la importancia de contar con una Policía Migratoria, pero éste se habría resistido. Santilli entendió rápido el planteo.
La ministra Bullrich intentó también tomar el control de la emisión de los DNI, a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), pero devolvió su administración a Interior.
Los DNI de la Argentina también tendrían defectos para dilucidar casos criminales o incluso para identificar a través de las fotos a potenciales autores de delitos complejos. Ocurre que las fotografías de los DNI de plástico suelen variar hacia un tono azulado que confunde a la tecnología que registra caras con nombres.
El año próximo el Ministerio de Seguridad Nacional podría pasar a llamarse de otro modo, más grandilocuente, pero acorde a sus posible aumento de poder sobre la vigilancia nacional.
Fuente: Clarín