El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado un nuevo proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Esta iniciativa surge tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), cuya aplicación ha sido objeto de fallos judiciales adversos para el Gobierno.
El proyecto propone un giro radical en las políticas de asistencia, centrando el eje en la fiscalización y el endurecimiento de las condiciones de acceso. Y por supuesto, ya generó polémicas y muchas críticas.
La decisión de ingresar el texto por la Cámara Alta responde a que el oficialismo visualiza un escenario más favorable para construir mayorías en el Senado. No obstante, se espera una fuerte resistencia, incluso entre bloques aliados que el año pasado respaldaron la Ley de Emergencia.
Analistas consideran que esta movida replica la estrategia utilizada con el financiamiento universitario: abrir un debate legislativo para ganar tiempo mientras se mantiene el incumplimiento de la normativa vigente. El proyecto busca, en definitiva, retrotraer el sistema a un modelo de asistencia limitada, basándose estrictamente en la invalidez laboral y reforzando los mecanismos de control estatal sobre el padrón de beneficiarios.
Qué contempla la nueva Ley de Discapacidad
.Reempadronamiento obligatorio: Todos los beneficiarios actuales deberán acreditar nuevamente su condición médica, socioeconómica y laboral. El incumplimiento de este trámite derivará en la suspensión automática y posterior baja del beneficio.
.Fiscalización y cruce de datos: Se implementará un sistema de control exhaustivo mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA y SINTyS. Esto permitirá suspender pensiones de manera «preventiva» ante cualquier inconsistencia detectada.
.Recortes en los montos: Si bien la pensión se mantiene en el 70% del haber mínimo, se eliminan los adicionales por zona desfavorable y la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos específicos por invalidez laboral.
.Incompatibilidad laboral: El proyecto establece una prohibición absoluta para que los beneficiarios posean empleo formal. De aprobarse, quien acceda a un trabajo registrado perdería automáticamente la pensión. Además, se eliminan incentivos fiscales y programas de reconocimiento para empresas que contraten personas con discapacidad.
Desregulación y cambios en el sistema de salud
Un cambio sustancial radica en la eliminación virtual del nomenclador nacional, que hoy garantiza aranceles homogéneos para las prestaciones. La nueva norma autoriza convenios descentralizados entre Nación y provincias, lo que desregula la negociación con obras sociales y prepagas, eliminando el piso mínimo de calidad prestacional que rige actualmente.