En su intención por avanzar con su plan de recortes, el gobierno de Javier Milei focalizó su atención en los llamados fideicomisos públicos y cristalizó su intención de eliminar al menos una docena. Ahora, en medio de la polémica por el manejo de un fondo fiduciario que funcionaba bajo la órbita de una dirigente social cercana a Juan Grabois, el Ejecutivo trabaja en un decreto para reducir drásticamente los ingresos sobre esa caja.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) estaba a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana, manejada durante la gestión de Alberto Fernández por Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Fue creado en 2019, pero comenzó a operar en 2021 y tiene como finalidad financiar proyectos de vivienda para los barrios populares.
El FISU se nutre principalmente de recursos proporcionados por dos grandes vías: el 15% del total de lo recaudado a través del impuesto a las grandes fortunas, conocido como impuesto a la riqueza; y un 9% de los ingresos provenientes del impuesto PAIS.
Sobre este último tributo es donde trabaja ahora el Ejecutivo. A saber, del total de lo recaudado del impuesto PAIS, el 70% se destina a programas de la ANSES y PAMI, y el 30% restante se reparte entre el FISU (30%), obras de infraestructura (65%) y programas para el fomento al turismo nacional (5%). Por eso, en términos totales, se estima que el 9% de lo recaudado por el impuesto PAIS va a parar al FISU.
Por estas horas, el Ministerio de Economía alista los detalles de un decreto que prevé modificar esas asignaciones de manera de reducir casi en su totalidad los recursos que se destinan al FISU.
Si bien el número final sobre cómo quedarían distribuidas aún está en definición, según pudo saber TN, el documento ya está prácticamente terminado en el Palacio de Hacienda y aguarda por el visto bueno de la Casa Rosada para oficializarse.
El Ejecutivo tomó la decisión de avanzar por esta vía por dos cuestiones: en primer lugar, porque el FISU fue creado por ley y sus ingresos provienen de fuentes impositivas, por lo que sería necesario pasar por el Congreso si es que se quisiera hacer una modificación más estructural.
En segundo lugar, en el equipo económico siguen de cerca el avance de la recaudación del impuesto PAIS, que también generó fuertes cruces con los gobernadores. Por esta vía ingresaron $469.199 millones en enero, lo cual representó un aumento de 1252,6% en la medición interanual. Esta es la evolución más elevada dentro de los recursos tributarios registrados en la base de la AFIP.
Cómo funciona el FISU, el fondo fiduciario vinculado a Juan Grabois que busca desfinanciar el Gobierno
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) es un fondo fiduciario creado bajo fue creado bajo la Ley N° 27.453 que quedó bajo el control de la secretaria de Integración Socio Urbana del gobierno anterior, Fernanda Miño, y tiene como finalidad financiar proyectos habitacionales para las viviendas registradas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
De acuerdo con los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, su financiamiento se explica por el 15% del impuesto a las grandes fortunas y el 9% de lo recaudado a través del impuesto PAÍS, aunque también se registran aportes del Tesoro, fondos de organismos internacionales y ONGs, donaciones y otras operaciones de créditos públicos.
Este fondo, además, tiene un gran peso dentro del universo de los fondos fiduciarios. El 6% de los recursos corrientes a los 29 fondos activos se explica por los ingresos del FISU. Al tercer trimestre de 2023, percibió ingresos por $58.129 millones, de los cuales $35.829 millones provenían de ingresos tributarios.
El FISU tiene como titular y beneficiario -fiduciante y fideicomisario dentro de la estructura técnica de un fideicomiso- al Estado nacional y sus recursos están administrados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que funciona como fiduciario de este instrumento. De acuerdo al decreto que lo puso en vigencia, el FISU tendrá una duración de hasta 30 años contados desde la fecha de su constitución. Es decir, hasta 2049.