Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno Nacional restableció la vigencia de un conjunto de disposiciones que habían sido derogadas, reemplazadas o modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Javier Milei. Estas medidas habían sido dictadas en el marco de las facultades delegadas que el Congreso le concedió mediante la Ley Bases, pero que posteriormente fueron rechazadas por el Congreso a mediados de agosto.
La publicación de las medidas en el Boletín Oficial se realizó para evitar un vacío legal, dado que la decisión del Congreso no implica la reactivación automática de las normativas anteriores. Por ese motivo, el Poder Ejecutivo resolvió restituirlas de manera formal.
Las disposiciones que vuelven a tener vigencia son las que habían sido modificadas por los decretos 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Estos DNU habían establecido reformas en áreas sensibles del Estado, como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de modificar el régimen laboral de la Marina Mercante con nuevas limitaciones al derecho a huelga.
El Decreto 628/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, devuelve la validez de las disposiciones legales que habían sido alteradas por el Decreto 340/2025. Esa normativa, promulgada el 20 de mayo bajo el argumento de «impulsar su competitividad y desarrollo«, había establecido un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante Nacional.
Cuáles son las normas que reactivó el Gobierno
Entre los cambios se encontraba la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, que incluía modificaciones en los permisos para los armadores de buques, la reforma de la Ley de la Navegación N° 20.094 y una flexibilización del servicio de cabotaje a favor de embarcaciones de bandera extranjera.
Además, el decreto declaraba como servicio esencial la navegación marítima y fluvial destinada al transporte de pasajeros, cargas, mercancías, servicios relacionados y actividades offshore. Frente a eventuales conflictos sindicales que afectaran estos servicios esenciales, se establecía la obligación de mantener un 75% de la prestación habitual. Sin embargo, la Justicia había declarado inválidos los artículos 2 y 3 de esa normativa.
En paralelo, el Decreto 627/2025 publicado este miércoles restableció la plena vigencia de las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 461/25, 462/25, 345/25 y 351/25.
El Decreto 461/2025, en particular, ordenaba la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Por su parte, el Decreto 462/2025 determinaba que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasaran a funcionar como unidades organizativas bajo la órbita de los ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. Ambos organismos mantenían su nombre, pero cambiaban de funciones.
En tanto, el Decreto 345/2025 había establecido la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ambas instituciones, creadas mediante leyes y decretos previos, se integraban en una sola estructura organizativa.
Finalmente, el Decreto 351/2025 transformó la figura institucional del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado, que quedaba bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.