La Dirección Provincial del Agua (DPA) ejecutó esta semana cuatro desalojos en la vera del río El Blanquito, en Tafí del Valle, como parte de una estrategia del Gobierno tucumano para recuperar terrenos fiscales ocupados de manera irregular. Lo hizo en el marco de la “autotutela administrativa”, una figura legal que permite al Estado recuperar bienes públicos sin necesidad de recurrir a instancias judiciales.
Esta es la segunda intervención de este tipo en menos de diez días. La anterior se realizó en el loteo “Los Guayacanes”, donde se frenó un presunto emprendimiento inmobiliario en el área del perilago. La medida fue celebrada por referentes locales y vecinos, que desde hace años denuncian la ocupación ilegal de espacios públicos en una de las villas turísticas más importantes de la provincia.
“Es una buena noticia para todos los que amamos Tafí del Valle. Esto debería ser el comienzo”, sostuvo el ingeniero Osvaldo Merlini, quien lleva tiempo denunciando estas situaciones. María del Carmen Ramírez, una residente ocasional, también se mostró esperanzada: “Hace años que escuchamos reclamos que no tienen respuesta. Ojalá esto se mantenga”.
Según explicó el titular de la DPA, Marcelo Cancellieri, el operativo comenzó con una denuncia en 2023, cuando se advirtió la construcción de una vivienda en la zona de La Quebradita, a la vera del río El Blanquito. Tras un relevamiento, se comprobó que la edificación se encontraba en terrenos del Estado y en zona de riesgo hídrico. A partir de ello, en febrero de 2024, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto autorizando a la DPA a aplicar la autotutela con respaldo policial si fuera necesario.
Durante la inspección final, los funcionarios detectaron además nuevas ocupaciones: cercados en otros lotes, ampliaciones ilegales de propiedades y una casilla colocada por orden municipal anterior en terrenos estatales prohibidos. Los ocupantes fueron notificados el 9 de abril y tienen 10 días para desocupar voluntariamente. Debido a los feriados de Semana Santa, los plazos podrían extenderse.
“El Blanquito es un hilo de agua, pero cuando crece, arrasa con todo. Si no actuamos ahora, la Provincia se va a tener que hacer cargo de las consecuencias”, advirtió un vecino. Otro, Ernesto Camandona, celebró el cambio de postura oficial: “Hay mucha gente que se animó a denunciar y fue castigada. Este nuevo enfoque puede cambiar eso”.
Juan Pablo Occhipinti, representante legal de la DPA, confirmó que ya se trabaja en una segunda etapa del plan de recuperación. Aunque no quiso brindar detalles, trascendió que el organismo estaría investigando una situación similar en San Pedro de Colalao, otra localidad turística donde también se han detectado ventas ilegales de terrenos fiscales.
Mientras tanto, el foco sigue puesto en sectores como el Barrio Crataegus, donde se construyeron viviendas y hasta negocios sobre tierras públicas y en zonas de riesgo hídrico. Para las autoridades, el objetivo no sólo es proteger el patrimonio estatal, sino también garantizar la seguridad de quienes residen en zonas potencialmente peligrosas.
Fuente: Contexto