El gobierno de Javier Milei establecerá nuevos controles aduaneros para las importaciones de ropa usada. La medida llega después de que Ámbito revelara que la operatoria se multiplicó por 40 en los primeros ocho meses del año. Ese medio pudo acceder a una comunicación interna de la Aduana que anticipa que se requerirá documentación extra para las posiciones arancelarias de este tipo de productos. Es una acción que busca restringir fuertemente el procedimiento sin prohibirlo. Un informe del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que la importación de ropa usada puede traer aparejados riesgos sanitarios.
“Al momento de registro de destinaciones aduaneras se solicitará un nuevo documento AUTO-ROPA-USADA”, señala el informe de circulación interna al que accedió Ámbito. En ese sentido, argumenta que “la medida resulta necesaria para poder evaluar los eventuales impactos que las importaciones de dichas mercaderías pudieran causar en materia ambiental y otros aspectos referidos a la salud pública”.
De esta forma, se establece una nueva regulación para las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90 que comprenden a la ropa usada y otros. “Es una forma de frenar la escalada sin prohibir las importaciones, que sería algo incómodo para el discurso de este Gobierno en materia de política comercial”, explicó una fuente con amplio conocimiento del trámite aduanero.
“En definitiva lo que vamos a ver hacia adelante es una fuerte caída del volumen porque cuando se ponen este tipo de controles se apunta a trámites que no sean sencillos de completar, sobre todo cuando se evalúa que el producto puede traer aparejados riesgos sanitarios”, explicó el funcionario que acercó la documentación.
Ámbito reveló a finales de noviembre que los montos de importación de ropa usada se multiplicaron por 40 en los primeros ocho meses de 2025, con respecto a todo 2024. Luego de la publicación, un grupo de cámaras empresariales del sector textil e indumentaria elevó reclamos a la Secretaría de Coordinación de Producción que conduce Pablo Lavigne para que revise la cuestión.
La difusión pública de la problemática desató una serie de consultas dentro de distintas áreas del Gobierno y también conversaciones con representantes del sector privado. Finalmente, esta semana se tomó la medida que restringe una operatoria que estuvo prohibida entre 1999 y 2022.
Los riesgos sanitarios
Según consta en el comunicado oficial, el requerimiento para endurecer los controles partió de la Subsecretaría de Comercio Exterior, pero anteriormente hubo una advertencia del Ministerio de Salud. “La importación de ropa usada puede conllevar riesgos para la salud pública”, dice el documento al que accedió ese medio. En ese sentido, la evaluación indicó que “los efectos son especialmente graves en poblaciones vulnerables, como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas”.
El nuevo formulario para importación de ropa usada se sumará al certificado de desinfección que se requiere actualmente. Como contó ese medio, la mercadería que llega a Argentina proviene mayormente de Estados Unidos por la prohibición de incinerarla, ante regulaciones ambientales y costos crecientes de destrucción.
Luego, los distribuidores la reúnen en fardos de entre 25 y 50 kilos que se pueden agrupar por tipo de prenda o incluso por marcas y la comercializan a través de las redes sociales. Los industriales venían advirtiendo por los riesgos sanitarios pero también por potenciales estragos ambientales como el que ocurre en el desierto de Atacama en Chile, donde se descarta alrededor del 40% de la mercadería que llega por no estar en condiciones para ser comercializada.
Sector en crisis
El ingreso de este tipo de mercadería se montó sobre una profunda crisis sectorial para los industriales locales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en octubre pasado las fábricas del sector utilizaron apenas el 33% de su capacidad instalada. De esta manera, tuvieron el desempeño más bajo de toda la industria en ese indicador.
Las empresas del sector hablan de una “Doble Nelson” que se produjo por la caída del mercado interno y una apertura comercial que se dio de forma acelerada ante condiciones adversas para competir: alta carga impositiva, régimen laboral desfavorable, falta de infraestructura, suba de costos y tipo de cambio apreciado.
El último informe de la Fundación Protejer marca que en términos porcentuales el sector lideró la destrucción de empleo privado registrado, junto con la construcción. Desde noviembre de 2023 mostró un retroceso del 12% y se perdieron 14 mil puestos de trabajo en el sector textil, confecciones, cuero y calzado.