Distintos actores del gobierno de Javier Milei se encargaron este jueves de diferenciar los casos de la dos veces presidenta Cristina Kirchner y del fallecido ex mandatario Carlos Menem, pese a que ambos ex funcionarios hayan sido condenados con doble condena, y aseguraron que si bien la jubilación de privilegio que percibe la viuda Zulema Yoma está en revisión, no hay voluntad política para darla de baja.
«No veo la similitud. En el caso de Cristina, ella es la titular de la asignación, la que incumple. En el caso de Yoma, no», ensayó como primer argumento una alta fuente oficial, al tiempo que reveló que hay entre 13 y 15 casos más de dirigentes políticos en revisión conforme la ley que regía en ese entonces.
La decisión de quitarle las asignaciones de privilegio a Fernández de Kirchner, luego de haber sido condenada por la Cámara de Casación, abrió un debate sobre la situación de Carlos Menem, también penado a 4 años y 6 meses de prisión por el pago de sobresueldos a sus funcionarios con fondos de la SIDE.
En la actualidad, Yoma -divorciada del ex presidente en 1991-, y según un pedido de acceso a la información pública que hizo Chequeado, percibe $8.535.635.
En efecto, también se revisarían los beneficios de la ex esposa del presidente de facto Roberto Levingston y de la hija de José María Guido.
Si bien el fanatismo de Milei, quien sumó la escultura de Carlos Menem en el Salón de los Bustos de Casa Rosada, no fue argumento para defender la postura, una voz oficial diferenció ambos casos al sostener que en uno se trata de «un derecho adquirido» que le permite a la viuda del ex presidente percibir lo que le corresponde, y en el otro se habla una situación «de indignidad» que le atribuyen a la titular del PJ.
El artículo 29 de la Ley 24.018 es otro de los elementos legales utilizados por la administración libertaria, porque subraya que «la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibilidades para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional».
Sin embargo, un importante funcionario oficial admitió ante la Agencia Noticias Argentinas que «si Menem estuviera vivo estaría en una situación similar a la de Cristina y (Amado) Boudou. Tendría la misma causal de indignidad», completó.
Según exponen en las filas libertarias, la confirmación del fallo de la Cámara Casación contra la ex presidenta constituyó «una sentencia definitiva» ya que «agota la instancia judicial ordinaria», y da pie a la intervención de la Corte Suprema, un recurso extraordinario.
«Ante la indignidad, el privilegio tiene que caer», resumieron y ampliaron: «La decisión que tomó el Presidente era de urgencia y es ejemplar», en referencia al trabajo que involucró al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello e instrumentó ANSES, amparados en el artículo 36 de la Constitución que establece que «atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento».
Como viuda de Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, Cristina Kirchner percibía un total en bruto de $35.255.297,73, lo que desde el Gobierno insisten en aclarar que equivale a casi 136 jubilaciones mínimas.
En mano, la cifra se reduce a $21.827.624,65. «Es un resabio medieval», definen al tiempo que destacan la decisión de Milei de haber renunciado a esas abultadas cifras, comunicación que el titular de Anses, Mariano de los Heros, tiene enmarcada en su despacho.
Ante la posible respuesta del equipo de legales de Fernández de Kirchner, en Casa Rosada se muestran esperanzados: «Estamos convencidos de que tenemos las de ganar; si no, no lo hubiéramos hecho».
Incluso, con perceptible ironía, un funcionario experto en la materia planteó que de querer acceder a una cobertura previsional, la dos veces presidenta deberá presentar la solicitud a Anses, corroborar sus 30 años de aportes y, en caso de no alcanzar, solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aunque insisten en que la decisión «no tiene por objeto sancionar a nadie».