Fuentes del gobierno argentino y allegadas al Fondo Monetario contaron a Clarín que el acuerdo negociado -que está “avanzado” según confirman las partes-, se apresta a ser enviado al Congreso para su tratamiento y aprobación. Aún no se habla de tiempos pero se especula con que no sea dentro de mucho, ya que en el oficialismo y el organismo no descartan que el programa salga incluso en el primer trimestre. Luis Caputo, ministro de Economía, había dicho en el primer cuatrimestre.
De este modo, el sello parlamentario le daría más fuerza a la posición argentina en la mesa del Directorio Ejecutivo del FMI donde contará con el voto más importante de los accionistas: el del representante de los Estados Unidos. Si encima, la Argentina lleva un acuerdo legitimado por las fuerzas políticas en el Congreso, las posibilidades de que el Fondo libere más plata se acrecentarán. Fuentes oficiales aseguran que habría fondos frescos.
Otra fuente al tanto de la negociación señala que el entendimiento se trataría de un Acuerdo de Facilidades Extendidas. El período que cubriría equivaldría al actual mandato presidencial (tres años). En esos años la Argentina debe pagar US$ 12.500 millones (2025-2027) entre intereses, sobrecargos y capital.
Si el programa contempla ese período, la apuesta oficial es que una fracción de ese monto se transfiera desde que entre en vigencia el programa (front loading). Por otro lado estarían los fondos frescos (fresh funding). O sea que la Argentina recibiría dólares por ‘front loading + fresh funding’.
Consultado el Ministerio de Economía al respecto no hizo comentarios. Un portavoz se encargó de decir que las negociaciones ocurren en medio de un “ambiente constructivo y positivo”.
En el inicio de la negociación, meses atrás, cuando se barajaron todas las posibilidades formalmente, una de ellas era un programa corto hasta las elecciones y uno nuevo más adelante. Se descartó.
En estos días una de las principales especulaciones consistió en si habrá un salto en el precio del dólar como condición para recibir la plata para reforzar las reservas y así flexibilizar el cepo.
El tema coincide con el análisis de economistas y ex ministros de Economía que hablan de atraso cambiario.
Pero tanto el presidente Javier Milei como Caputo se encargaron de asegurar en la semana que no habrá una devaluación de cara a las elecciones. Y que el programa con el organismo tampoco supondrá un salto cambiario.
Según averiguó Clarín el staff del Fondo estaría de acuerdo con que no haya oscilaciones en el precio del dólar bajo el nuevo programa porque significaría un retroceso con la desinflación de 2024. Encima, esta semana sale el dato de inflación de enero y sería la más baja de la era Milei e incluso más atrás en el tiempo si no se tienen en cuenta los meses de pandemia cuando el IPC se desplomó.
En su momento el staff del Fondo hizo saber que según sus cálculos el precio del dólar estaba atrasado. El Gobierno rechazó siempre la idea de que un salto cambiario hiciera esa corrección como ocurrió en anteriores programas del Fondo en países con múltiples tipos de cambio (Egipto, Pakistán y Angola). El viernes Milei citó en una columna suya en La Nación un artículo del economista Rafael Di Tella -publicado en Clarín el mes pasado- donde el economista argentino de la Universidad de Harvard dice que el atraso del peso argentino no es mayor al de otras experiencias de estabilización desde niveles altos de inflación.
Así todo, las conversaciones sobre las cuestiones cambiaras entre la Argentina y el staff quedarían acotadas a temas técnicos como el dólar blend (el campo liquida actualmente 20% de sus divisas en el tipo de cambio financiero que es más alto que el oficial y eso sirve como incentivo) y las restricciones cruzadas que operan en los mercados único y financiero.
Un tema de conversación por fuera de las cifras y la programación macroeconómica entre el Gobierno y el organismo, es el tratamiento del acuerdo en el Congreso y su presentación política. Para el Fondo un plan no solo tiene que cerrar con los números sino con los principales actores políticos e instituciones. De ese modo la burocracia del Fondo también se cubre políticamente.
Semanas atrás en la Casa Rosada decían que no hacía falta que el acuerdo pasara por el Congreso porque el programa no implicaría nueva deuda: los dólares que ingresen serán destinados a cancelar títulos públicos y, con ello, se “saneará” el balance del Banco Central.
En el medio hubo un cambio. Dos motivos para prestar atención.
Primero, uno legal. La ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que impulsó el ex ministro de Economía Martín Guzmán estipula que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier ampliación de sus montos, debe ser aprobado por una ley del Congreso.
Segundo, cuando el FMI presta a un país un monto de dólares por encima de su cuota (se llaman préstamos de acceso excepcional), uno de los criterios para acceder a ellos y que el FMI establece es que el programa tenga “un prospecto razonable de éxito no solo desde los miembros que lo ejecutan sino también de las instituciones del país y la capacidad política para llevar adelante el ajuste”. Por ello los staff report del Fondo en este punto monitorean la pata política de los gobiernos. En el último por ejemplo, ponderaron los índices de aprobación de Milei como también su capacidad de veto en el Congreso de iniciativas que podrían poner en peligro el objetivo del equilibrio fiscal. Según el Presidente este año contará con 105 diputados para defender el veto de medidas así. El FMI sigue de cerca todas estas cuestiones relacionadas con la política.
En el Gobierno aseguran que el nuevo programa no supone un aumento de la deuda bruta (aún con fondos frescos). “Quedará igual o incluso podría llegar a bajar, veremos”.
En la oficina del FMI en Buenos Aires se vienen cambios. El inglés Ben Kelmanson se va y llegaría un español para seguir el caso.
“Llevar el acuerdo con el FMI será una oportunidad para Milei y el mercado porque qué actor serio se opondrá a eso”, plantea el economista del banco BTG Pactual, Andrés Borenstein. “Si la oposición pregunta qué condicionalidad pondrá el FMI, la respuesta sería abrir el cepo y abrir el cepo beneficiaría a todos. El ajuste ya se hizo y fue más duro que el que pedía el FMI”.
Para Ignacio Labaqui, analista político, “Me parece que el principal beneficio político de un arreglo con el FMI pasa por dar más certeza y previsibilidad en materia económica. Un programa con el Fondo no es algo que genere beneficios políticos. Pero este es un caso diferente porque el Gobierno es mucho más exigente en materia fiscal que el Fondo Monetario”.
Fuente: Clarín