El Gobierno de Tucumán anunció que profundizará las acciones judiciales contra Hidroeléctrica Tucumán SA para recuperar los $ 7.400 millones invertidos en la segunda etapa de reparación de la presa lateral N° 3 del dique El Cadillal.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Vals, confirmó que la Provincia decidió solventar las obras debido a la negativa de la concesionaria, que argumentó no contar con los recursos necesarios.
“Por la insuficiencia en la obra obligamos nuevamente a la empresa a que cumpla con su obligación, pero respondieron que no pueden realizarla. Por ello, haremos una presentación judicial complementaria para recuperar el dinero”, explicó Pedicone.
Las obras, consideradas prioritarias por el Gobierno, se adjudicaron a la UTE Mercovial y Sabavisa, y buscan sellar las filtraciones detectadas en la presa.
El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que los recursos provinciales se destinarán a garantizar la seguridad del dique. “Vamos a invertir lo necesario para mantener esta infraestructura clave para Tucumán”, afirmó.
El conflicto no es nuevo. En 2023, el Ejecutivo provincial financió la primera etapa de las reparaciones del dique y luego logró un embargo judicial contra Hidroeléctrica Tucumán SA para recuperar los fondos invertidos.
“La Justicia reconoció que la obligación era de la concesionaria, y tanto la empresa como la Nación asumieron este compromiso”, recordó Pedicone.
Actualmente, de los $ 1.100 millones embargados a la concesionaria a través de los pagos que recibe de Cammesa, $ 750 millones están depositados en una cuenta del Banco Nación. La fiscalía insiste en destrabar estos fondos para destinarlos al financiamiento de las obras.
El dique El Cadillal es una infraestructura crítica para Tucumán, tanto por su función en la generación de energía como por su rol en el abastecimiento de agua y el turismo. La segunda etapa de reparación es vital para garantizar su seguridad y funcionalidad.
El Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso con la protección del dique y su disposición a actuar en la Justicia contra la concesionaria para que cumpla con sus obligaciones contractuales.
Mientras tanto, la Provincia asume el costo de las reparaciones para evitar riesgos mayores y garantizar el correcto funcionamiento de esta obra fundamental.