En el contexto de un clima de inseguridad creciente, un ataque armado ocurrió el pasado 30 de noviembre en una esquina de San Miguel de Tucumán, marcando el inicio de una serie de eventos que han llamado la atención de las autoridades y la sociedad.
Facundo Ale, víctima de este ataque, recibió tres disparos, mientras que un cuarto proyectil impactó en su teléfono móvil. Aunque el hecho fue alarmante, Ale decidió no realizar una denuncia formal ante la policía, optando por presentar un relato ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.
Inicialmente, se pensó que el ataque formaba parte de la lucha interna por el control de la barra brava del Club San Martín, pero las circunstancias apuntaron a un trasfondo más complejo. Al día siguiente del ataque, durante un partido crucial para el equipo, se produjo un hecho inusual en la tribuna del estadio. Un grupo de individuos encapuchados desplegó una bandera que acusaba a dos figuras prominentes de la barra, Javier “Chuky” Casanova y Walter “El Petiso David” Lobo, de estar involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Para los investigadores, esta acción parecía ser una represalia hacia quienes podrían haber estado implicados en el ataque a Ale. Casanova y Lobo rechazaron las acusaciones y expresaron su disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer la situación.
Sin embargo, la investigación enfrentó un obstáculo significativo: la falta de colaboración de Ale, quien no había ratificado su denuncia. A través de sus abogados, se presentó un escrito con detalles sobre el ataque y la identificación de testigos que podrían ofrecer información adicional.
Un giro inesperado se produjo cuando Ale reveló que sus atacantes utilizaban una camioneta Renault Oroch negra, el mismo vehículo que, días después, fue interceptado por la policía en un control en el puesto de control caminero de Cabo Vallejo, donde se hallaron 63 kilos de cocaína.
Los detenidos, Livio Andrés Barros y su hija Alejandra Barros Figueroa, fueron identificados como transportistas de la droga, que, según indicios preliminares, habría sido adquirida en la localidad salteña de Orán con destino a un narcotraficante en Tucumán.
A pesar de que Ale no proporcionó más información específica sobre sus atacantes, su declaración generó un torrente de especulaciones. Algunos rumores apuntan a que la policía habría descubierto la droga a través de información que podría haber sido motivada por intereses personales de alguien que busca controlar el poder en la barra.
La situación se complicó aún más cuando un video del ataque a Ale comenzó a circular en redes sociales, aparentemente grabado por los propios agresores como un mensaje intimidatorio hacia el clan Ale. Este nuevo desarrollo llevó a los defensores de Ale a formalizar su escrito ante la fiscalía, a la espera de que se les cite para declarar.
Así, el caso de Facundo Ale no solo expone la violencia que se vive en ciertos sectores de la sociedad, sino que también refleja la complejidad de las dinámicas de poder dentro de las barras bravas y el narcotráfico en Argentina. La Justicia continúa su labor investigativa, intentando desentrañar los múltiples hilos que componen este entramado de violencia y crimen organizado.