Luego de un extenso proceso oral que acumuló 14 jornadas de debate, el juicio por el crimen de Paulina Lebbos se encamina hacia su tramo decisivo. Con la incorporación de 41 testimonios presenciales, la lectura de declaraciones de tres personas fallecidas y un total de 220 pruebas sumadas al expediente, el tribunal se prepara ahora para escuchar los alegatos que marcarán el rumbo del veredicto.
Los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica —quienes se alternaron en la conducción de las audiencias— recibieron a lo largo de estas semanas todos los planteos del fiscal Carlos Sale y de las defensas encabezadas por Roque Araujo, en representación de César Soto, y por Patricio Char junto a Candela Álamo, en defensa de Sergio Kaleñuk.
En la última audiencia, la secretaria del Tribunal, Nazareth Rodríguez Ponce de León, dio lectura a más de 30 elementos probatorios que aún restaban incorporarse, entre ellos resoluciones de procesos judiciales anteriores y resultados de estudios genéticos. Concluida esa instancia, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el inicio de los alegatos, previsto para el lunes 27.
A partir de esa etapa, el debate se concentrará en responder los interrogantes centrales que atraviesan la causa desde hace casi dos décadas: si César Soto fue el autor del homicidio de la joven y si Sergio Kaleñuk intervino en el posterior ocultamiento del cuerpo.
El caso Lebbos es considerado uno de los más complejos dentro de la historia judicial tucumana, no sólo por la gravedad del hecho, sino por las irregularidades que marcaron su investigación inicial y por la persistente lucha de su padre, Alberto Lebbos, en busca de justicia.
La causa se remonta al 26 de febrero de 2006, cuando la estudiante de Comunicación Social desapareció tras salir de un local bailable en la zona del Abasto. Su cuerpo fue encontrado el 11 de marzo a la vera de la ruta 341, en Tapia, en un escenario cuestionado por la deficiente preservación de pruebas.
A lo largo de los años, el expediente derivó en distintos procesos judiciales que culminaron con nueve condenas, centradas principalmente en maniobras de encubrimiento institucional.
Entre ellas, se destacan las sentencias contra policías de Raco por adulteración de actas en el primer juicio (2013-2014), las condenas a ex funcionarios de la cúpula de seguridad durante la gestión de José Alperovich entre 2018 y 2019 —como el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella y el ex jefe de Policía Hugo Sánchez— y, en 2021, la condena al ex fiscal Carlos Albaca por incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado.
En esta etapa, el foco está puesto en la determinación de la autoría del crimen. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Soto habría asfixiado a Lebbos tras una discusión en su vivienda de calle Estados Unidos al 1.200.
En tanto, a Kaleñuk se le atribuye haber colaborado en la desaparición del cuerpo y en la utilización de influencias para garantizar la impunidad.
Con el cierre de la etapa probatoria, el proceso ingresa en una instancia clave que definirá si, finalmente, la Justicia logra establecer quién fue responsable del asesinato y cómo se articuló el entramado posterior que durante años dificultó su esclarecimiento.
Fuente:Contexto