Persisten las tensiones entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Faltas. A los cruces por la descentralización del órgano se le sumó un informe de auditoría que arrojó que existen “serias ineficiencias” en la gestión de juzgamiento y cobro de las sanciones, y donde se cuestiona la idoneidad de los jueces contravencionales. También se dio marcha atrás con las modificaciones salariales previstas.
El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) aprobó, a través del decreto N° 0311, la inspección relativa al funcionamiento del Tribunal de Faltas solicitada por la Secretaría de Gobierno en mayo de 2025. El análisis elaborado por Contaduría General, a cargo de Marcelo Albaca, advierte “conclusiones sumamente críticas” en el manejo del órgano, y enuncia al menos cuatro irregularidades.
El informe se elaboró con información de las reparticiones municipales labradoras de actas de infracción (Tránsito, Catastro, Ingresos Municipales, entre otras) y de los 10 juzgados que integran el Tribunal. Además, se utilizaron datos del Sistema Nacional de Infracciones (Sinai) y del Control de Infracciones Tucumán (CIT).
80% sin resolver
En primer lugar, la auditoría reportó una “paralización masiva de causas” en 2024. Según la investigación del municipio que dirige Rossana Chahla, de 91.197 causas ingresadas, solo 4.650 fueron resueltas por los juzgados (el 5,1%). En contraste, 76.344 permanecen sin resolución (83,8%) y 10.113 se cerraron por pago voluntario del infractor (11,1%).
Además, el municipio alertó sobre una acumulación histórica sin juzgar, correspondiente al período 2019-2023. “La auditoría constató que sobre un total de 406.355 causas, existen 319,264 causas (el 78,57%) que permanecen en el sistema sin resolución dictada por los señores jueces de Faltas”, manifiesta el escrito.
El DEM planteó, en tercer lugar, que el Tribunal cometió irregularidades “sustanciales” en la prescripción de causas, dado que en algunos casos se reportaron demoras entre la fecha de la infracción y la fecha de carga sistémica;en otros se advirtió la falta de cumplimiento en los plazos dispuestos para ordenar la caducidad de una causa; y en otros ni siquiera se hallaron los expedientes físicos ni las actuaciones completas.
Por último, la auditoría detectó deficiencias en la gestión de cobro judicial y distorsiones operativas. Según el decreto que aprueba el informe, se constataron trabas normativas y sistémicas para la remisión de causas a la Fiscalía Municipal; una falta de asignación de códigos propios a reparticiones labradoras clave (en este punto se introduce como ejemplo que el Centro de Monitoreo labró más de 13.000 actas en 2024 que fueron cargadas erróneamente); y una precaria administración de talonarios en dependencias como Arbolado.
El decreto cita un artículo del Estatuto para el Personal Municipal y manifiesta que la omisión en la carga de actas, la pérdida de expedientes físicos y la falta de seguimiento de causas configuran una violación manifiesta a los deberes exigidos.
Sugiere, además, que “los datos revelados por la auditoría se encuadrarían dentro de las causales de negligencia y morosidad grave en el ejercicio de la función”, y trae a colación lo dispuesto en el Régimen Disciplinario. En detalle, consigna que el artículo 28 inciso g) y m) establece como causal de cesantía el incumplimiento grave de obligaciones y las faltas reiteradas en la conservación de documentación; y que el artículo 29 prevé la exoneración ante faltas graves que perjudiquen materialmente a la Municipalidad.
El decreto añade que, según indica la Ordenanza N° 895/68, la aplicación de sanciones mayores requiere la previa instrucción de sumario administrativo, y por último, se enuncian las causales de remoción de los jueces de faltas. Se aclara que esto último “sólo puede disponerse previo juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento”.
El escrito establece que el informe de auditoría se eleva a los fines de implementar planes de gestión que reviertan los parámetros alcanzados y deslindar responsabilidades de los funcionarios públicos. En consecuencia, remite el expediente a la Fiscalía Municipal, encabezada por Conrado Mosqueira, para que avance con el análisis de las actuaciones administrativas de rigor, “atento a las graves omisiones e incumplimientos” detectados en las conclusiones del informe.
Sus remuneraciones
También la intendenta derogó un decreto que amenazaba con dejar sin efecto una disposición que igualaba los salarios de los jueces con los de los secretarios municipales.
La medida había desatado cuestionamientos por parte de los funcionarios del Tribunal, y de hecho, el presidente del órgano Fabián Ignacio Lizondo Ruiz presentó un requerimiento institucional formal ante la intendenta en el último tiempo. El juez interpretó la disposición como una “represalia” judicial y advirtió que su accionar podría traspasar la irregularidad administrativa para encuadrar en figuras penales como “el abuso de autoridad, la coacción y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Finalmente, el municipio dio de baja aquella última resolución y determinó que la cuestión “requiere un más amplio debate que garantice el derecho a ser oídos de los agentes cuyos derechos subjetivos puedan verse afectados, por lo que resulta preciso un más amplio debate sobre la cuestión salarial”.
Fuente: La Gaceta