El bloque de diputados nacionales del PRO decidió llevar a la Justicia la controversia por la Auditoría General de la Nación (AGN). A través de un recurso de amparo, la bancada opositora busca frenar la designación de tres auditores, al argumentar que el proceso fue nulo y violatorio de las normas básicas del Congreso.
La acción judicial, firmada por el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, impugnó la resolución 7018-D-2025. El documento remarcó que la votación -concretada cerca de las tres de la mañana del pasado 18 de diciembre- se realizó sin debate previo, sin dictamen de comisión y, fundamentalmente, fuera de las facultades del periodo de sesiones extraordinarias.
Falta de transparencia
Desde el PRO remarcaron que el decreto presidencial de convocatoria al Congreso no incluía el nombramiento de auditores. “Se violó el artículo 63 de la Constitución Nacional”, denunciaron en un comunicado, al calificar la maniobra como un acto de «nulidad absoluta».
Según los legisladores, la designación «entre gallos y medianoche» no solo afectó la legalidad, sino que quebró el equilibrio institucional en un órgano clave. “La AGN no es un ente administrativo cualquiera; es el organismo constitucional encargado de controlar cómo se utilizan los recursos públicos de todos los argentinos”, advirtieron.
El pedido a la Justicia
El amparo presentado ante la Justicia solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
Además, el PRO buscó despejar lecturas partidarias y planteó el reclamo como una defensa institucional. “No se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluyeron en un comunicado.