El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema de Justicia que condene a la expresidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa relacionada con la obra pública en Santa Cruz.
Según el dictamen, Casal respaldó la apelación presentada por el fiscal general Mario Alberto Villar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Así, pide aumentar la condena de 6 a 12 años y revocar las absoluciones que habían beneficiado a la exvicepresidenta en instancias anteriores.
Con esta presentación, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quedaron en condiciones de analizar y decidir sobre el caso. La atención está puesta en cuándo se emitirá el fallo, ya que el pedido incluye también una inhabilitación perpetua para que Cristina Kirchner no pueda ocupar cargos públicos en el futuro.
El máximo tribunal deberá evaluar tanto la postura de la Fiscalía como el pedido de la defensa, que solicitó su absolución. Lo mismo pidieron los abogados del resto de los condenados, entre quienes se encuentran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, José Periotti, y cinco exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.
El proceso judicial cobra especial relevancia en un año electoral, con comicios nacionales que se realizarán en nueve provincias, incluida la de Buenos Aires, donde la expresidenta podría ser candidata.
El dictamen de Casal y sus fundamentos para reclamar penas más duras
En un documento de 13 páginas, el Procurador General de la Nación interino respaldó la apelación presentada por el fiscal Mario Alberto Villar. Casal señaló que, según el fiscal, no existe justificación para usar «artificios legales» cuando se trata de la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública dentro de un claro esquema de corrupción.
También explicó que la existencia de un solo plan no impide que se configure el delito de asociación ilícita, ya que no depende de la ejecución concreta de actos. Además, destacó que la Cámara de Casación no respondió al argumento de la Fiscalía que indica que los hechos investigados abarcan tres gobiernos y 12 años.
El procurador apoyó también la solicitud de revocar las absoluciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y del expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.
A la par, respaldó el pedido del fiscal Villar para que se decomise a los condenados una suma superior a los 5.300 millones de pesos, que representa el valor actualizado de la defraudación al momento de ejecutar la sentencia. Este monto había sido reducido por la Cámara de Casación y, el procurador criticó que el Ministerio Público presentó un cálculo detallado que fue rechazado sin un análisis profundo, solo con una fórmula abstracta.
Con este dictamen, Casal pidió que Cristina Kirchner, José López, José Periotti y Lázaro Báez sean condenados por asociación ilícita. En cambio, reclamó la absolución de Julio De Vido, porque “su aporte fue material al asignar fondos para Austral Construcciones, aunque las obras presentaban demoras y falta de avance”, explicó el procurador.
Cristina Kirchner condenada a seis años y con inhabilitación perpetua en la causa Vialidad
El 13 de noviembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 6 años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa conocida como «Vialidad«. Esta decisión ratifica la sentencia que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022.
Así, la causa investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se analizó si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos en esas obras.
Esta es la primera condena por corrupción contra la ex presidenta, que además recibió una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Sin embargo, no irá a prisión por ahora, ya que la sentencia no está firme y puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También, la Cámara de Casación confirmó las condenas contra Lázaro Báez, José López y los responsables de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz. Por otro lado, se confirmó la absolución de Julio De Vido y Abel Fatala.