El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy que se debe revocar la absolución del ex Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la causa por la cual había sido condenado y luego absuelto por la transferencia a su nombre de un auto marca Honda modelo CRX Del Sol en 2003.
Boudou fue condenado en juicio a tres años de prisión, pero luego la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese veredicto. La discusión se traslada a la Corte Suprema de Justicia, pero antes dictaminó el Procurador, cuyo escrito no es vinculante para el más alto Tribunal.
Casal dijo que el fallo de Casación tiene “graves defectos de fundamentación” y en ese sentido hubo un “examen superficial del fallo”.
La acusación es por haber insertado supuestamente datos falsos en los formularios de transferencia del vehículo en 2003 cuando lo adquirió.
En ese sentido, Boudou insertó datos falsos en los formularios 04, 08 y 12, y fue a raíz de la connivencia de aquel, entonces titular de la ANSES, un gestor y la titular de un Registro Automotor, según aquel veredicto.
En el juicio realizado en 2019, el Tribunal Oral Criminal 8 condenó a Boudou a tres años de prisión. La defensa apeló y el caso fue revocado por la Cámara Federal de Casación Penal.
“Boudou, sabiendo que no contaba con la documentación necesaria para concretar el trámite de forma regular, convino con Soto (el gestor, NdR) las falsedades que éste se ocupó de anotar en los instrumentos correspondientes para cambiar la radicación del vehículo y canalizarla hacia el registro seccional a cargo de Taboada de Piñero (titular del Registro Automotor, NdR) quien, una vez a cargo del legajo y también en acuerdo con Soto, convalidó dichas irregularidades, omitió las comprobaciones que correspondían en el caso, inscribió la transferencia del dominio del automóvil y expidió el título y la cédula verde a nombre de Amado Boudou”, analizó Casal.
De esta forma, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que determine la suerte de Boudou, quien estuvo preso por el caso Ciccone Calcográfica tras haber sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión.
En este último caso, donde el Vicepresidente fue investigado en pleno ejercicio de funciones, fue según la Justicia porque se interesó en que el contrato por la impresión de billetes sea diseccionado hacia otra empresa.