El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el viernes el traslado de los primeros 2.000 pandilleros a una nueva megacárcel, en la que pretende recluir a 40.000 personas capturadas bajo el régimen de excepción.
La prisión está ubicada a 74 kilómetros de la capital, en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente. Tiene 33 manzanas de construcción dentro de 236 manzanas aisladas de la ciudad. Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, indicó Bukele en Twitter junto a un video que mostraba el ingreso de pandilleros a la prisión.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022 hasta este viernes, las autoridades han capturado a 64.512 personas señaladas de ser pandilleros, de las cuales fueron después liberadas 3.745 y otras 3.344 han denunciado violaciones a derechos humanos, la mayoría por supuestas detenciones arbitrarias.
La prisión ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, aseguró a AP que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela, sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos.
”Señalan como parámetro que en algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. Un complejo penitenciario diseñado para albergar 40.000 personas claramente sería incompatible con este estándar internacional”, opinó.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego de que fueran asesinados 62 salvadoreños el 26 de marzo, y su undécima prórroga está vigente hasta el 17 de marzo. Los homicidios bajaron de 1211 en 2021 a 615 en 2022, según cifras oficiales que registraban una caída gradual año con año desde el 2016.