La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revisar la condena perpetua impuesta por el asesinato del juez Héctor Agustín Aráoz abrió la posibilidad de que Ema Hortencia Gómez recupere la libertad tras más de una década detenida. El fallo del máximo tribunal nacional ordenó recalificar el hecho como homicidio simple y obligará a la Justicia tucumana a dictar una nueva pena, en un expediente marcado desde sus inicios por polémicas, teorías cruzadas y una extensa demora judicial.
El caso se remonta al 26 de noviembre de 2004, cuando Aráoz se convirtió en el primer y único magistrado asesinado en la historia de Tucumán. El crimen conmocionó a la provincia no solo por la investidura de la víctima, sino también porque todos los involucrados eran policías o ex integrantes de la fuerza.
La investigación encabezada por el fallecido fiscal Guillermo Herrera sostuvo que Gómez mantenía una relación sentimental con el juez y, paralelamente, era pareja de Héctor Darío Pérez. Según esa reconstrucción, la mujer se encontraba junto al magistrado en su vivienda cuando se habría producido una discusión que derivó en un llamado a Pérez para que acudiera al lugar. Aráoz recibió diez disparos, aunque los peritajes determinaron posteriormente que murió desangrado.
Minutos después del ataque arribaron a la escena Andrés Fabersani —policía y allegado a los sospechosos—, el entonces comisario de Banda del Río Salí Rodolfo Domínguez y el sumariante Rubén Albornoz. Para el Ministerio Público Fiscal, esos efectivos podrían haber tenido algún grado de participación o haber intervenido en la alteración de pruebas.
Durante la instrucción aparecieron tres hipótesis principales. La primera, impulsada por Herrera, apuntó a un crimen pasional cometido por Gómez y Pérez, con una supuesta maniobra posterior de encubrimiento policial para favorecerlos.
La segunda teoría fue sostenida por la familia de Aráoz a través de sus querellantes. Según esa línea, el magistrado investigaba una presunta mafia policial vinculada a la venta de drogas dentro del Instituto Roca y a la utilización de menores para cometer delitos. Gómez había trabajado durante años en ese establecimiento, mientras que Pérez llegó a ocupar el cargo de subdirector antes de ser desplazado tras denuncias por supuesta distribución de estupefacientes.
La tercera hipótesis fue planteada por Pérez y Fabersani. Según esa versión, el juez había organizado un asado en su domicilio con la participación de funcionarios judiciales y, tras una noche atravesada por consumo de alcohol y drogas, Gómez habría reaccionado violentamente ante una presunta infidelidad y asesinado al magistrado.
El expediente llegó a juicio recién en abril de 2011, casi siete años después del homicidio. Los jueces Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Emilio Páez de la Torre consideraron probado un móvil pasional y condenaron a Pérez a 18 años de prisión como autor del crimen y a Gómez a 15 años como partícipe secundaria. Fabersani recibió cinco años por encubrimiento, mientras que Domínguez y Albornoz fueron absueltos.
Sin embargo, la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo y el abogado querellante Dante Ibáñez apelaron el fallo al considerar que existió alevosía y que correspondía aplicar la figura de homicidio agravado. En 2013, la Corte Suprema de Tucumán hizo lugar al planteo y ordenó una nueva sentencia. Dos años más tarde se dictó prisión perpetua para Gómez y Pérez.
La lectura de esa nueva condena estuvo atravesada por otra situación escandalosa: Pérez no se presentó porque había escapado. El ex policía permaneció prófugo durante más de diez años hasta ser recapturado el año pasado en su vivienda. Semanas después escuchó formalmente la misma pena perpetua que había recibido Gómez.
En 2017, tras el rechazo de distintos recursos por parte de la Justicia provincial, el defensor oficial Guillermo González presentó una queja ante la Corte Suprema nacional cuestionando la legalidad de la segunda condena contra Gómez.
Nueve años después, cuando el caso parecía definitivamente cerrado, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron hacer lugar al planteo y ordenaron que la imputada sea nuevamente condenada, aunque bajo la figura de homicidio simple.
La resolución obliga ahora a un tribunal del viejo sistema conclusional a fijar una nueva pena, que podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión. Fuentes judiciales explicaron que, si se le impusiera una condena de 15 años, Gómez ya tendría la pena cumplida y debería recuperar inmediatamente la libertad.
“Hay que realizar correctamente los cómputos, pero aun cuando no hubiera agotado toda la condena, tendría gran parte cumplida y podría acceder rápidamente a la libertad”, señalaron fuentes vinculadas al expediente.
La situación de Pérez podría seguir el mismo camino, aunque con una diferencia clave: el tiempo que permaneció prófugo impediría que alcance de inmediato el beneficio de la libertad. De todos modos, sus defensores ya habían solicitado anteriormente la prescripción de la acción penal cuando fue nuevamente condenado.
Mientras tanto, el abogado Guillermo González iniciará en los próximos días las gestiones para solicitar la excarcelación de Gómez hasta que la nueva sentencia quede firme, en un expediente que, a más de 20 años del crimen, continúa generando controversias judiciales y políticas en Tucumán.
Fuente: Contexto