La disputa entre los empresarios del transporte de pasajeros y la intendenta Rossana Chahla alcanzó su punto más crítico. El viernes, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán envió una dura respuesta formal a la nota presentada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), rechazando sus reclamos por “falaces, improcedentes y maliciosos” e intimándolos a cesar lo que considera un comportamiento extorsivo.
El conflicto se reavivó tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando los empresarios enviaron una carta responsabilizando a las autoridades políticas por la crisis del sistema y advirtiendo sobre un posible colapso del servicio. En ese documento, Aetat solicitó una reunión urgente para cambiar el modelo de financiamiento, pasando de un esquema basado en boletos vendidos a uno que contemple los kilómetros recorridos.
La respuesta municipal fue contundente. Según el fiscal municipal Conrado Mosqueira, la nota de los empresarios fue acompañada por una amenaza de suspender el servicio si no se otorgaba un subsidio de $2.000 millones. Ante ello, la comuna advirtió que evalúa presentar una denuncia penal por extorsión contra las empresas.
El escrito del municipio también cuestionó los argumentos técnicos y económicos del sector, recordando que la fijación de tarifas es competencia exclusiva del Concejo Deliberante, según la Ordenanza N° 400/79 y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 5529. Además, señaló la contradicción del sector, que meses atrás había descartado pedir un aumento de tarifa “para no seguir expulsando usuarios del sistema”.
En su defensa, la Municipalidad sostuvo que el transporte público atraviesa una crisis estructural de eficiencia, frecuencia y calidad, que afecta directamente a los usuarios. Detalló incumplimientos de recorridos, demoras excesivas y malas condiciones de higiene y seguridad, calificando esos hechos como “notorios y públicos”.
También rechazó las críticas al Boleto Educativo Municipal (BEM) y a la gestión del sistema SUBE, defendiendo ambos programas como herramientas de transparencia y acceso ciudadano, y negando que tengan fines políticos.
Por último, desestimó el planteo sobre la “precariedad jurídica” del sistema de concesiones, al señalar que se trata de un problema heredado, y no generado por la actual gestión.
Desde Aetat anticiparon que responderán oficialmente este lunes, aunque fuentes del sector advirtieron que el clima se complica: no descartan suspensiones y reducción de frecuencias en los próximos días, mientras la tensión con el municipio escala y amenaza con paralizar el transporte urbano.
Fuente: Contexto