Las sospechas sobre el manejo irregular de tierras y la falta de control en El Mollar alcanzaron un punto crítico con el allanamiento a la comuna. Vecinos y veraneantes, cansados de lo que consideran años de desmanejo, ven en esta medida la posibilidad de un cambio. Mientras algunos guardan silencio por temor, otros alzan la voz para denunciar maniobras que, según afirman, llevan años ocurriendo en la zona.
“Ahora le sacaron la ficha por el ‘Loteo Gaucho Castro’, pero les pido que investiguen qué hizo en El Rincón, en El Potrerillo, en Casas Viejas y en Ojo de Agua. Todo esto es muy turbio y debe ser investigado”, agregó María Laura Ramírez. “La gente del lugar está dividida en dos. Por un lado, están los que le tienen terror y no hacen nada, pero hay otros que aprovechan y hacen negocios con él. Algún día se tenía que acabar”, añadió.
Esteban Olivares vive gran parte del año en El Mollar y sabe perfectamente lo que ocurre. “Si esta es la capital provincial del descontrol, es porque Cruz no hizo absolutamente nada. O mejor dicho, sí cometió irregularidades porque autorizaba un montón de situaciones absurdas. Por ejemplo, ¿cómo hace un comerciante para que le permitan avanzar sobre la vereda de la avenida principal? Ya sabemos cuál es la respuesta”, comentó.
“A varios lugareños y veraneantes se les dibujó una sonrisa cuando descubrieron que se estaba haciendo un allanamiento en la comuna. ¿Sabe por qué? Porque pensaron que a partir de ahora podrían cambiar las cosas en esta localidad”, resumió Laura Fernández.
Encuentran indicios de que el grupo podría haber actuado en otras localidades
La investigación del caso de El Mollar abrió otros frentes. Al analizar la documentación secuestrada en los allanamientos, los pesquisas encontraron indicios de que este grupo podría haber estado involucrado en la venta de terrenos fiscales de otras villas turísticas de la provincia. Hasta aquí encontraron planos similares a los del “Loteo Gaucho Castro” de tierras de El Cadillal y Tafí del Valle, localidades en las que desde hace varios años se denuncia la usurpación y posterior venta de tierras fiscales.
En ambos casos, los funcionarios tendrían algún tipo de responsabilidad en el desarrollo de este proyecto. El ex comisionado de El Cadillal, Carlos Bonano, fue mencionado en varias investigaciones por la aparición de viviendas en tierras de la Provincia, pero nunca fue acusado de haber cometido algún delito. Sí hubo novedades administrativas. Por ejemplo, cuando el actual vicegobernador Miguel Acevedo era ministro del Interior, tuvo que emitir una resolución para prohibirle que realice gestiones en nombre de terceros para que EDET les brinde el servicio.
El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, cuando era fiscal de Estado logró concretar varios desalojos en esa localidad.
Pero en las últimas horas surgió otra novedad: otra nuera de Rafael Trujillo, entre 2020 y 2023, habría ofrecido parcelas en las localidades de Mancopa y El Potrerillo (El Mollar) a través de las redes sociales. LA GACETA intentó comunicarse con ella, pero no tuvo respuesta. La semana pasada, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció la creación de una Unidad Ejecutora que se encargará de analizar la situación de los terrenos de la Provincia y las concesiones que se dieron en los últimos 10 años. La fiscal de Estado Gilda Pedicone será la responsable de realizar esta tarea.
Los datos de los siete investigados que esperan una audiencia
Aún no se definió la fecha de realización de la audiencia de formulación de cargos en contra de los investigados. En principio, según confiaron fuentes judiciales, serán acusados de usurpación y estafas reiteradas, pero no se descarta que también se les impute el delito de asociación ilícita. Los que se sentarán en el banquillo de los acusados son:
– Juan Pablo Castro: en todos los papeles aparece como el titular del proyecto inmobiliario.
– Rafael Trujillo: empleado de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. Habría contactado a Castro para realizar la operación.
– Maximiliano Barreiro: el otro agente de Regularización Dominial que habría iniciado los trámites en la Dirección General de Catastro y que podría haber estado involucrado en la venta de los lotes.
– Jorge Cruz: pese a haber negado la existencia de algún expediente del “Loteo Gaucho Castro” en la comuna, hay indicios de que el comisionado de El Mollar podría haber recibido dos lotes a cambio de haber utilizado recursos oficiales para la apertura de caminos, otorgado documentación para avalar el emprendimiento, cobrado servicios y confirmar a los compradores que la venta era legal.
– Fernando Rogel Chaler: el ex titular de Regularización Dominial y Hábitat supuestamente firmó una constancia que aseguraba que Castro estaba realizando los trámites de escrituración de las tierras. El ex funcionario dijo que le habían falsificado la firma.
– Yanina Mamaní: habría recibido la posesión de los terrenos. Su nombre aparece en varios de los documentos que exhibieron los compradores de las parcelas.
– Damián Romano: el nieto político de Castro habría tenido algún tipo de participación en la venta de los terrenos.
Fuente: La Gaceta