La sugestiva presentación de un proyecto para ampliar la Corte Suprema de la Nación de 5 a 7 miembros, que hizo un aliado del Gobierno horas después de la caída del proyecto de Ficha Limpia que hubiese impedido una candidatura nacional de Cristina Kirchner, fue leída en la Justicia casi de manera homogénea. Ambos movimientos estarían relacionados y formarían parte de una negociación mucho más amplia del oficialismo con el kirchnerismo.
Como contó Clarín este domingo, fuentes K calificaron como «atinado» el proyecto que presentó el senador salteño Juan Carlos Romero, aliado de los Milei en la Cámara alta, quien propuso estirar a 7 la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal con cupo de género: no más de 5 del mismo sexo, lo que obligaría (de aprobarse) a que ingresen al menos 2 mujeres. Música para los oídos de Cristina.
La Corte funciona hoy con sólo 3 de los 5 jueces previstos por ley: el presidente Horacio Rosatti, su aliado Carlos Rosenkrantz, más el enemigo interno Ricardo Lorenzetti. Este último viene de un duro fracaso, cuando convenció a Milei de postular a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para formar una nueva mayoría, pero sus pliegos fueron rechazados por el Senado.
De aprobarse la ampliación a 7 miembros, quedarían 4 vacantes por cubrir y allí habría lugares para ofrecerle al kirchnerismo/Cristina. Desde Unión por la Patria se habían mostrado dispuestos incluso a votar sólo 2 pliegos, pero 1 debía ser para ellos. El Gobierno apostó al «2 o nada» y quedó en «nada».
Pero ya entonces, los kirchneristas (y también otras fuerzas opositoras como el peronismo no K, algunos radicales y varios gobernadores) reclamaban una negociación más grande, que incluyera las vacantes que afectan hoy al Poder Judicial: unas 220, si se suman jueces y fiscales federales, más defensores, y el procurador de la Nación. Es el acuerdo que intenta revitalizar ahora el Gobierno con los K.
Además de la política, al oficialismo lo mueve la matemática: el kirchnerismo tiene 34 sobre 72 senadores nacionales y para aprobar el pliego de un juez de la Corte se necesitan dos tercios; 48 legisladores si hay asistencia perfecta. Resumido: no puede haber consenso para cubrir las vacantes en Máximo Tribunal sin la venia de Cristina. Y la expresidenta no da su OK si el combo no es más amplio.
Fiscales en alerta
Hace meses que el Gobierno tiene en sus oficinas más de 150 ternas para cubrir muchos de esos cargos. Son las que fue aprobando el Consejo de la Magistratura y que incluso el ministro formal Santiago Cúneo Libarona y el paralelo Sebastián Amerio prometieron depurar para enviar al Senado para su aprobación.
Lo anunciaron mucho y lo concretaron nunca. Básicamente porque no tenían garantizados los votos para pasar el filtro del Senado. Amerio es juez y parte: en ámbitos judiciales su nombre es número puesto para la Procuración (jefatura de los fiscales) que ocupa interinamente hace años Eduardo Casal.
«Acá dijeron 20 veces que mandaban los pliegos y nunca lo hicieron. También dijeron que estaban los votos para Lijo y García-Mansilla y les rechazaron los pliegos. La palabra de Amerio, que es el enviado de Santiago Caputo, está bastante devaluada», aseguró un funcionario judicial a Clarín.
En paralelo, ya hay una pelea declarada de los fiscales contra el Gobierno por la falta de recursos y personal para poner en marcha el sistema acusatorio, que recarga sobre estos funcionarios judiciales las tareas de investigación y el mayor peso de las causas.
La semana pasada, los fiscales advirtieron que «el sistema acusatorio sin recursos pone en riesgo las causas contra la corrupción y el narcotráfico». Días después, fue el propio Casal el que elevó la queja al Gobierno nacional. Presionado por sus bases, salteó a Cúneo Libarona y le llevó el reclamo al Ejecutivo y a Economía.
Otra fuente de la Justicia advierte que, así, «Milei está ganando un enemigo sensible. Son los fiscales que investigan las causas por corrupción. Y acá la queja la firmaron todos. Los fiscales más cercanos al kirchnerismo y los que investigaron al kirchnerismo».
Hay más. Según viene detallando el periodista Gabriel Morini, de Ambito Financiero, un funcionario de Justicia, Alberto Nanzer, tuvo que declarar ya tres veces como testigo en una causa que se abrió contra Cúneo Libarona.
El caso se inició por la denuncia de un fiscal, que cree que puede haber incumplimiento de los deberes de funcionario público si se pone en marcha un sistema como el acusatorio sin recursos. Cuando el Gobierno mandó los papeles con los fondos que había asignado, habrían saltado irregularidades, porque se estaría usando plata de un programa de Naciones Unidas, entre otras cosas, destinado para temas sociales.
La investigación la lleva el fiscal Stornelli. En la Rosada hay inquietud.