Si hay un sello distintivo en la gestión de gobierno tucumana eso es el personalismo que Osvaldo Jaldo le imprime a la tarea oficial. Al gobernador le cuesta delegar. De allí que su gabinete tenga un perfil bajo. Para bien, porque de esa forma se preservan algunos ministros que, en otros tiempos, serían públicamente cuestionados por la dirigencia política. En los momentos actuales, pocos se atreven a cuestionar las acciones de la administración tomando en cuenta la imagen que Jaldo ha cosechado en la sociedad por su rol dialoguista, eso que lo acerca al presidente Javier Milei, sin perder de vista su impronta peronista.
Los hechos son más contundentes que las palabras. En plena licencia, el gobernador levantó el teléfono para dar instrucciones a sus funcionarios. El conflicto con los Ubermoto trastocó el descanso. Los celulares de varios ediles oficialistas no pararon de sonar: la orden fue clara: “den marcha atrás con el proyecto; no podemos cerrar el año con tensiones de esta naturaleza”, fueron las palabras atribuidas a Jaldo. Para él fue un año redondo más allá del ajuste. Terminar bajo el amparo del gobierno que hizo el mayor ajuste de la historia de la humanidad, no fue una cosa menor. La cuestión es que el signo de interrogación se plantea para los próximos 10 meses que se avecinan. Las elecciones de medio turno le cambian el humor no sólo a los electores, sino también a los políticos. Por eso, muchos se preguntan si la sintonía fina entre la Casa Rosada y Tucumán seguirá en la misma senda, si Milei estará dispuesto a que la provincia continúe siendo un bastión del peronismo o si, por el contrario, cree que es la oportunidad para construir la plataforma 2027.
El oficialismo provincial, mientras tanto, debe pensar en su propia estructura. Jaldo, a través de su ministro del Interior, Darío Monteros, ha fortalecido los lazos con intendentes y delegados comunales. La apuesta ha sido millonaria. La paz social en los municipios se preservó con el pacto que permitió a los intendentes sostener las obligaciones salariales en cada una de las jurisdicciones que se sumaron al acuerdo. Una materia pendiente en este asunto es el ajuste en el gasto público municipal. Según trascendió, el 60% del total de intendencias cumplió -en cierta medida- con el esquema de restricción de erogaciones. “No hay demasiado margen. La recaudación se cayó por efecto de una economía recesiva y, en ese contexto, hoy por hoy, no nos podemos autofinanciar”, confesó un intendente, como una manera de justificar el incumplimiento fiscal.
Los trabajos públicos están en marcha, aunque no con la dinámica que sostenga el nivel de empleos en esos distritos.
Con algunos excedentes financieros, la Casa de Gobierno también contribuyó al sostenimiento de las comunas rurales. Antes de iniciar sus vacaciones, el gobernador le otorgó un 50% del aprestamiento previsto para el primer mes de 2025 que, a su vez, esas transferencias se irán incrementando a lo largo del nuevo año. Con ese aprestamiento, los delegados comunales pueden mantener los servicios que les prestan a los habitantes.
El Plan Independencia ha sido otro esquema para mejorar la situación en las comunas rurales. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, el programa contó con un financiamiento cercano a los $ 4.800 millones, de los cuales ya se ejecutó el 90%. Con esos recursos, los comisionados rurales pudieron mejorar las plazas, construir o reconstruir pórticos de acceso a las ciudades y, además, ampliar la red de alumbrado público.
Todo el terreno está allanado para que 2025 no sea un año traumático institucionalmente y con efectos electorales, en la medida de lo posible. Sin embargo, por aquello de estar permanentemente montado en la gestión, Jaldo ha decidido sentarse sobre la caja. ¿Cómo es esto? El Gobierno otorgará las partidas mensuales a cada área de acuerdo con el comportamiento de la recaudación. Nadie puede salir de ese esquema en el marco de la austeridad fiscal y el control de los fondos públicos, indican en el Poder Ejecutivo. En otros términos, el gobernador se sienta en la caja y sólo le da la llave al ministro de Economía, Daniel Abad, para que abra la puerta a financiamientos extra, en caso de que alguna situación particular lo amerite. El temor sobre el rumbo de las finanzas se asienta en la caída de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que impacta de lleno en la distribución de la coparticipación. Diciembre ha sido un mes extraordinario para el consumo, pero no todo el dinero que se volcó al circuito comercial quedó en la formalidad. De allí la necesidad de buscar mecanismos más ágiles no sólo para evitar que crezca la venta ilegal, sino también de avanzar contra aquellos que proveen la mercadería que se comercializa en la calle, sin pagar impuestos, ni alquileres u otros gastos fijos.
El Presupuesto que se necesita para el nuevo año roza los $ 3,4 billones, pero los ingresos no están asegurados. De allí aquello de dar otra vuelta de tuerca al ajuste. En el fondo, esa conducta financiera también contribuirá al control de las erogaciones en tiempos de elecciones. Así, por un lado, se evitará que se disparen las partidas y, por el otro, sabrá quién o quiénes requieren más dinero de lo habitual. El mandatario no quiere sorpresas en el camino a las urnas. Sabe que, más temprano que tarde, pueden asomar algunos referentes no alineados a la gestión pidiendo pista para presentar candidatos a diputados nacionales ante una eventual interna. Eso no es un “chiste de gallegos” para el gobernador. Hay dirigentes dispuestos a retomar la práctica electoral para aglutinar a los desencantados del gobernador dialoguista. El verano evidenciará algunas charlas interpares, como una manera de sondear si vale la pena subirse a las internas y, así, enfrentar al aparato oficialista.
Abad arrancará sus vacaciones el día después de que Jaldo regrese a sus funciones. Eso es una clara muestra de que el ajuste, aunque silencioso, continuará en los próximos meses. Esa es una faceta de la administración. La otra está dada por la conformación de un gabinete de emergencia que esté permanentemente monitoreando situaciones como la salud, la seguridad alimentaria, la seguridad pública y el plan de obras.
Hay ministros que no prevén tomar licencia o bien porque ya lo hicieron o porque sus áreas son complicadas en los períodos estival. En esa nómina se inscriben Luis Medina Ruiz (Salud), Federico Masso (Desarrollo Social), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Marcelo Nazur (Obras Públicas), con el complemento de la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, por si se requieren normas que avalen acciones de contingencia.
Enero y febrero pueden ser meses críticos en la medida que el clima no contribuya. Pero también de alta demanda alimenticia en los sectores más vulnerables de la sociedad tucumana que, cada vez que se cierra un ciclo lectivo, busca la manera de sobrevivir. En Desarrollo Social han preparado un esquema de asistencia a 104.000 niños y niñas para que vayan a escuelas a recibir la comida diaria. Asimismo, continuará la entrega de mercaderías hasta tanto el Gobierno aceite el sistema de tarjetas alimentarias. Según los cálculos oficiales, se prevé que hacia el 10 de febrero ya esté listo el primer lote de beneficiarios. Si esto ocurre, el clientelismo estará en una encrucijada, tanto como lo estará también el oficialismo en un año electoral. Hay punteros que quieren conservar el sistema de distribución y reclaman al Ejecutivo que se sostenga. “Es fácil reclamar, criticar y pedir desde afuera porque ninguno de los que lo hacen están dispuestos a sentarse en el volcán donde se toman las decisiones”, cuentan que afirmó el gobernador.
En Salud, Medina Ruiz hizo ayer un repaso de lo que será el primer mes del año que viene. Con parte de su gabinete, evaluó el personal disponible en los hospitales y los insumos con que se cuentan. “En principio, no tendríamos que tener problemas, incluso para atender la demanda de los consultorios externos”, señaló el ministro, que habilitó un sistema de atención en zonas turísticas. El comité de emergencia también lo integran Educación y Defensa Civil para contener a las familias en las escuelas y asistirlas en caso de inundaciones. “Estamos preparados para esas contingencias”, indicó el ministro Nazur. El equipamiento pesado está listo, así como la revisión de los puentes que, entre mayo y octubre, se realizan las tareas de conservación.
Todo esto está en la pantalla de Jaldo que, fiel a su estilo, no está dispuesto a compartir el control remoto del poder. /La Gaceta