La ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por la tentativa fallida de secesión de 2017 fue aprobada definitivamente este jueves por el Parlamento español, lo que abre la puerta al regreso a España del expresidente regional Carles Puigdemont.
Una amnistía que divide a los españoles
La ley recibió 177 votos a favor y 172 en contra en la Cámara Baja, gracias al apoyo de los diputados socialistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, y la extrema izquierda.
“El perdón es más poderoso que el rencor”, escribió Sánchez en la red social X tras la aprobación. “Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, añadió.
La ley elimina toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista catalán desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023, lo que incluye las consultas sobre la independencia celebradas en 2014 y 2017 en Cataluña.
Esta medida, que domina la vida política española desde las elecciones legislativas del pasado julio, podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia. Ahora corresponderá a cada juez resolver si la amnistía es aplicable a sus casos.
Los magistrados tienen dos meses para plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea a partir de la publicación de la ley en el diario oficial, lo que podría retrasar los efectos de la norma durante un tiempo.
Cruces en el Congreso
La votación estuvo precedida de una sesión tumultuosa en la que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se vio obligada a llamar la atención de los diputados en varias ocasiones.
Los diputados del partido de extrema derecha Vox tildaron a Sánchez de “traidor” y gritaron “¡fuera!”-mientras que desde el PSOE llamaron “¡neofascistas!” y “¡filonazis!” a los seguidores de Santiago Abascal.
“Esta mala educación no lleva a ningún sitio”, les reprochó Armengol a los diputados.
El Congreso ya había aprobado la medida el 14 de marzo, pero el Senado, controlado por la oposición conservadora, la vetó dos meses después, devolviendo el texto a la Cámara Baja, que este jueves dio su última palabra.
Esta medida es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder en la sesión de investidura de noviembre, en la que necesitaba el apoyo de los partidos independentistas catalanes.
Esta incómoda situación fue el resultado de las elecciones anticipadas del 23 de julio, que el Partido Popular ganó, pero sin lograr garantizarse el apoyo de otros partidos para sumar 176 de los 350 diputados que tiene el hemiciclo.
“Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español” de Pedro Sánchez, lanzó antes de la votación el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), denunciando que la ley es un “intercambio de poder a cambio de impunidad”.
Los separatistas celebran “una victoria”
Los representantes del independentismo catalán definieron la ley como una victoria y aseguraron que su próximo objetivo es celebrar un referéndum separatista.
“Hoy es un día histórico, en toda la amplitud. Hoy no se perdona, hoy se gana, se gana una batalla del conflicto”, aseguró Miriam Nogueras, la portavoz en el Congreso del partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña.
“Próxima parada, referéndum”, afirmó Gabriel Rufián, diputado de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro partido independentista catalán en el Congreso español.
El PP lleva tiempo en pie de guerra contra esta amnistía, que considera “inconstitucional” y que promete derogar cuando vuelva al poder.
Contra ella ha organizado numerosas manifestaciones, la última de las cuales reunió el domingo en Madrid a decenas de miles de personas. Allí, Núñez Feijóo volvió a pedir a Sánchez que “retire esta amnistía”.
“Hay que hacer de la necesidad virtud”, repitió Sánchez en varias ocasiones para explicar su giro sobre el asunto.
Los sondeos muestran que los españoles están divididos sobre la medida, incluyendo los electores y simpatizantes socialistas.
Sin embargo, las elecciones regionales celebradas en Cataluña el 12 de mayo, en las que el movimiento independentista perdió la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y registró sus peores resultados en 40 años, parecen haber dado la razón a Sánchez.
La rama catalana del Partido Socialista salió bien parada, y su líder, Salvador Illa, está en medida de aspirar a ser el próximo presidente del Gobierno regional.
Puigdemont, cuyo partido también progresó en las elecciones regionales, y que reivindica encabezar un Gobierno independentista en minoría, dijo durante la campaña que esperaba volver a España para estar presente en el debate de investidura en el Parlamento catalán.