En medio del Mundial de Fútbol, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pondrá en marcha este miercoles el tratamiento del proyecto de «ley anti barras» enviado por el Poder Ejecutivo que establece un «régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos».
La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, convocó para este miércoles desde las 12 hs y se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad para explicar los detalles de esta iniciativa que modifica el Código Penal.
La propuesta del Gobierno tiene como punto central el aumento de las penas a los barrabravas, al configurarse un nuevo “tipo especial de asociación ilícita”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El proyecto, que había sido diseñado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impone también penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes de los clubes que colaboren o tengan una connivencia con los barrabravas.
En ese sentido, se autoriza a investigar a los dirigentes de los clubes que, por ejemplo, entreguen entradas o mantengan determinados vínculos económicos irregulares con los barras.
Al igual que sucedió en los anteriores Mundiales de fútbol, existen sospechas de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría entregado pasajes de avión y entradas a los estadios a grupos de barrabravas de distintas hinchadas de clubes locales.
La iniciativa «anti barras» comprende penas de entre un año y cuatro años de prisión «al que dañare muebles o inmuebles» de un espectáculo deportivo.
El proyecto dispone penas de prisión de entre 3 años y 6 meses a 6 años a aquel que “portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes”, en ocasión de espectáculos deportivos.
También se establece un rango de penas de prisión de entre 4 y 8 años para el que “introdujera, guardare o portare elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos”.
Asimismo, se contemplan penas de entre 4 y 10 años por portar “armas de fuego o artefactos explosivos”.
Otras penas, también excarcelables, aplican cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia.
La distribución ilegal de entradas tendrá penas de dos a seis años de prisión y la misma sanción está prevista para la reventa de entradas en forma irregular.
En los fundamentos del proyecto del Gobierno, se indica que «las organizaciones delictivas ligadas al deporte, especialmente pero no únicamente al fútbol, no solo desarrollan su violento accionar con motivo o en ocasión de espectáculos deportivos específicos, como surge del enfoque de la Ley N° 23.184».
«Por el contrario, los miembros de estas organizaciones delictivas permanentes pueden atacar violentamente por fuera del contexto de eventos deportivos, en cualquier lugar del país, si sus intereses económicos se ven en peligro, inclusive hacia miembros del mismo grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol», se señala.
«En otros casos, en distintas jurisdicciones del país, se han registrado graves agresiones a hinchas de determinados equipos, por el solo hecho de ser simpatizantes», sostiene el Poder Ejecutivo.
«Por ello, el objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado ycomportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas», se concluye.