El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio un paso clave para reabrir la discusión sobre el futuro del estacionamiento medido en la capital al derogar la ordenanza que había servido de base para el sistema pago implementado en 2022. Con esa decisión, los ediles dejaron sin efecto la norma que regulaba el esquema anterior y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una alternativa “inclusiva” que permita ordenar el tránsito en la ciudad y, al mismo tiempo, contemple la situación social de quienes hoy subsisten en la vía pública con tareas informales vinculadas al cuidado de vehículos.
La medida se tomó luego de que, meses atrás, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificara la nulidad del contrato de concesión del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. A ese antecedente judicial se sumó ahora la decisión política del cuerpo deliberativo de dejar sin vigencia la Ordenanza N° 4.758 y sus anexos, una normativa sancionada en abril de 2015 que había habilitado el llamado a licitación y aprobado los pliegos de bases y condiciones para poner en marcha el servicio en la Capital.
Aunque hubo intentos para obtener obtener precisiones del área municipal sobre los próximos pasos, no hubo respuestas oficiales. De todos modos, la intendenta Rossana Chahla ya había anticipado en abril que el Ejecutivo estaba evaluando distintas variantes para un nuevo esquema, con la premisa de contemplar el contexto económico de la población y evitar soluciones desconectadas de la realidad social que atraviesa la ciudad.
En la sesión en la que se votó la derogación, el debate dejó en claro que el Concejo no pretende clausurar la discusión sobre el estacionamiento medido, sino, por el contrario, abrir una nueva etapa. El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, sostuvo que la eliminación de la ordenanza “viene de la mano con tomar una decisión hacia el futuro” y defendió la idea de que, pese a la polémica que generó su implementación, el sistema de estacionamiento pago puede convertirse en una herramienta útil para ordenar la circulación vehicular en el centro tucumano.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque Peronismo de la Capital, Ernesto Nagle, puso el foco en una de las cuestiones más sensibles del debate: el rol de los cuidacoches y trabajadores informales que hoy desarrollan tareas en la calle. En ese sentido, remarcó que existe un “compromiso público” del Concejo para trabajar en una alternativa más integradora que no los excluya. Según planteó, cualquier futura normativa debería contemplar la posibilidad de que esas personas puedan incorporarse formalmente al sistema, con el objetivo de “dignificar una actividad” que ya existe en la práctica, aunque hoy permanezca por fuera de la legalidad y de la regulación estatal.
En una línea similar se expresó el concejal Gastón Gómez, de Libres del Sur, quien consideró que el cuerpo deliberativo debe discutir a fondo cómo generar condiciones de inclusión en un escenario de crisis. A su criterio, el debate sobre el estacionamiento medido no puede limitarse a una cuestión de recaudación o de ordenamiento vial, sino que debe incorporar una mirada más amplia sobre la economía popular y las formas de integración laboral de quienes dependen de ese trabajo en el espacio público.
La discusión también dejó espacio para las críticas a los abusos que se registran actualmente en la vía pública. El radical Federico Romano Norri sostuvo que cualquier nuevo esquema deberá ser rediseñado para que cuente con legitimidad social y no resulte excesivamente oneroso para los usuarios. Al mismo tiempo, pidió un análisis más estricto sobre el control callejero y advirtió sobre la existencia de “malos ejemplos” entre quienes hoy actúan como trapitos, al describir situaciones en las que algunos cobran de manera coercitiva sumas elevadas para evitar conflictos con los automovilistas.
Según expresó, hay personas que exigen entre $ 3.000 y $ 10.000 a conductores, especialmente a mujeres, aprovechando la necesidad de estacionar y el temor a sufrir daños o discusiones. De todos modos, también aclaró que existen cuidacoches respetuosos, con buena relación con vecinos y frentistas, y que esa realidad también debe ser tenida en cuenta.
Otro de los diagnósticos más duros sobre el estado actual del tránsito en la capital lo formuló el concejal Gustavo Cobos, de la Unión Cívica Radical, quien describió la situación del estacionamiento en el casco histórico como “una búsqueda del tesoro”. En su intervención, señaló la contradicción entre la señalización urbana y la realidad cotidiana: calles con carteles de “prohibido estacionar las 24 horas” que, sin embargo, permanecen repletas de autos detenidos. Para Cobos, ese cuadro expone el desorden existente y la necesidad de una política integral que no se agote en la mera sanción de una nueva ordenanza.
El peronista Gonzalo Carrillo Leito, por su parte, trajo al recinto el recuerdo de la implementación del sistema durante la gestión de Germán Alfaro, en 2022, y cuestionó con dureza el esquema de distribución económica del contrato que fue anulado por la Justicia. Recordó que, en aquel momento, desde su espacio advertían que el acuerdo resultaba desfavorable para el municipio, ya que el 85% de la ganancia quedaba en manos de la empresa concesionaria y apenas el 15% ingresaba a las arcas municipales. A su entender, esa relación económica evidenciaba que el sistema no era proporcionalmente beneficioso para la ciudad.
En esa misma línea, el concejal Facundo Vargas Aignasse destacó que el objetivo del Concejo presidido por Fernando Juri no se limita a derogar la vieja normativa, sino a abordar el problema del tránsito desde una estrategia más amplia. En ese sentido, mencionó como ejes complementarios la regularización de las plataformas digitales y la reforma del Código de Planeamiento Urbano, iniciativas que, según señaló, también forman parte del intento por ordenar la movilidad en San Miguel de Tucumán.
Desde el alfarismo, Carlos Ale dejó una reflexión con tono autocrítico sobre el trasfondo político que ha atravesado históricamente este tema. Sostuvo que, cuando la política interfiere demasiado en cuestiones que afectan de manera directa la vida cotidiana de los vecinos, las soluciones terminan empantanadas y los beneficios nunca llegan a concretarse. Por eso, consideró que la derogación de la ordenanza debe funcionar como un llamado de atención para que el próximo debate no vuelva a tropezar con los mismos obstáculos. A su juicio, el estacionamiento medido es una necesidad para la ciudad y el desafío del Concejo será construir una norma consensuada que le permita al Ejecutivo municipal ofrecer finalmente una respuesta concreta al caos vehicular que padecen los tucumanos.
La decisión del cuerpo deliberativo, en ese contexto, no clausura el conflicto sino que abre una nueva etapa de discusión sobre cómo regular el estacionamiento en una ciudad donde el tránsito, la ocupación del espacio público y la informalidad conviven desde hace años sin una solución estable. Con la derogación consumada, el sistema aplicado en 2022 quedó definitivamente atrás y el debate pasó a centrarse en qué modelo podrá reemplazarlo, bajo qué condiciones y con qué equilibrio entre orden urbano, recaudación, inclusión social y aceptación ciudadana./Contexto