En una audiencia cargada de tensiones y con la presencia por primera vez del ex intendente Luis “Pato” Campos, el juez Fabián Rojas decidió rechazar el pedido de la fiscal Mónica García de Targa para que el caso Alberdi pase a la órbita de la Justicia Federal. El magistrado justificó su decisión en la necesidad de “respetar el derecho de defensa” y dejó la puerta abierta para que el Ministerio Público insista con su planteo una vez concluida la audiencia de impugnación prevista para mañana.
El caso, que se disparó tras la viralización de un audio comprometiendo a exfuncionarios de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, sigue creciendo en alcance y complejidad. De momento, están procesados los ex secretarios José Roldán (Hacienda) y Pablo “Maceta” Barrionuevo (Acción y Desarrollo Social), el ex concejal Albano Loru, el gremialista José “Cucha Mota” Funez y el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva, excepto Funez.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Bernardo Sassi reiteró la postura del Ministerio Público: “Estamos ante una organización criminal que habría canalizado fondos provenientes del narcotráfico a través de la obra pública, contratos municipales y actividades comerciales, como la imprenta de la familia Roldán”, explicó. Añadió además que existe otra investigación abierta en la Justicia Federal con nombres que se repiten: Giménez, Campos, Roldán y la legisladora Sandra Figueroa.
Sassi advirtió sobre la superposición de pruebas y la posibilidad de que se generen contradicciones entre fueros. “Tarde o temprano nos vamos a pisar entre nosotros”, alertó, al referirse a la duplicidad de investigaciones por los mismos hechos.
Los defensores, sin embargo, expresaron distintas objeciones. Javier Lobo Aragón, abogado de Loru, fue tajante: “No hay una sola prueba concreta que sostenga esa teoría. Esto es peligroso, cualquiera puede ser acusado de delitos gravísimos sin evidencia real”.
David Maldonado, representante de Funez, coincidió y cuestionó la falta de imputación formal contra Campos. “¿Cuándo se le van a formular cargos?”, preguntó. Por su parte, Florencia Abdala, que defiende tanto a Campos como a Roldán, explicó que si se declara la incompetencia ahora, se entorpecerían las medidas cautelares ya dictadas, ya que la Justicia Federal no podría ratificarlas de inmediato.
Silvia Furque, abogada de Giménez, fue la única en apoyar el traspaso del expediente al fuero federal. “Allí habrá más transparencia”, sostuvo.
Finalmente, el juez Rojas se inclinó por rechazar el pedido de la fiscalía, aunque aclaró que su decisión es temporal y condicionada a que aún resta resolver la audiencia de impugnación solicitada por las defensas. “La situación procesal de los detenidos debe esclarecerse antes de que se considere un cambio de jurisdicción”, concluyó.
La resolución, sin embargo, no cierra la posibilidad de que el expediente pase al fuero federal. García de Targa podrá volver a insistir con su planteo, pero recién una vez que finalice la feria judicial.
Así, el expediente que sacudió al sur tucumano con denuncias de vínculos entre exfuncionarios municipales, empresarios y redes narco continúa su camino en la justicia ordinaria, con el futuro aún incierto para los acusados y con la atención puesta en lo que suceda tras el receso judicial.