En el subsuelo del Palacio de Tribunales encontraron varias cajas con material de propaganda nazi que estaban desde 1941. Desde la Justicia destacaron que la investigación de los archivos podría aportar importantes datos sobre el Holocausto.
El histórico hallazgo ocurrió en medio de la puesta en funcionamiento del Museo sobre el máximo tribunal, cuando realizaban una mudanza de parte del archivo.
Así detectaron las 12 cajas misteriosas. Al abrir una de ellas, descubrieron que era material que buscaba consolidar y expandir las ideas de Adolf Hitler en la Argentina.
El resto de las cajas quedaron en custodia, ya que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, ordenó hacer un relevamiento de todo lo encontrado.
La apertura oficial del resto de las cajas tuvo lugar el viernes y de esa manera, los investigadores comenzarán a evaluar la documentación. El inventario llevará semanas.
Desde el máximo tribunal consideran que las cajas pueden contener información crucial para esclarecer sucesos vinculados con el Holocausto o con la ruta del dinero nazi en el mundo.
El origen de las cajas
La historia detrás del histórico hallazgo de la semana pasada tiene su comienzo hace 84 años: el 20 de junio de 1941. Ese día llegaron 83 cajas enviadas desde la embajada alemana en Tokio a bordo de un barco japonés, el vapor “Nan-a-Maru”.
La embajada alemana en Argentina los había declarado elementos de uso personal para miembros de esa representación diplomática y reclamaba su libre despacho. Sin embargo, la División de Aduanas y Puertos frenó el intento.
“Teniendo en cuenta la elevada cantidad de las remesas en cuestión y en previsión de que los temas abordados en los referidos libros sean de una índole tal que puedan llegar a afectar la posición de neutralidad que el país ha adoptado frente a los acontecimientos europeos, me dirijo a V.E. solicitándole quiere servirse manifestar a este Departamento si, en su opinión, existiría o no algún inconveniente en dar al pedido de la Embajada de Alemania el trámite común a este tipo de solicitudes”, consultó el 28 de julio de 1941 el director de Aduanas, Carlos Acevedo, al canciller Enrique Ruiz Guiñazú.
De inmediato intervino la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentina, creada en la órbita de la Cámara de Diputados, para monitorear las actividades de individuos y organizaciones con ideologías y métodos contrarios a las instituciones republicanas y la soberanía argentina.
El diputado radical Raúl Damonte Taborda, quien presidía la comisión, le pidió a la Aduana que le remitiera la información de las encomiendas que habían llegado en el vapor japonés. Los bultos, según reza en aquellos informes, pesaban casi 700 kilos.
El 8 de agosto de 1941, representantes de la Aduana, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Investigadora eligieron cinco cajas al azar y las abrieron: eran diversas encomiendas junto a publicaciones de “orden científico, literario y cultural, que encuadran en las limitaciones de propaganda acordada con el Gobierno”.
Entre esos papeles había postales, fotos y material propagandístico del régimen nazi. Y miles de libretas: algunas de la Organización del Partido Nacional Socialista en el exterior y otras de la Unión Alemana de Gremios.
Los funcionarios nacionales resolvieron dejar detenidas las cajas hasta consultar con sus superiores. Los representantes de la embajada se abstuvieron de firmar el acta y se retiraron.
Días después, solicitaron que se autorizara que esos paquetes volvieran entonces a la embajada alemana en Tokio, desde donde había sido emitidos.
“Como solamente han sido abiertos cinco de los 83 paquetes, la comisión que presido considera indispensable para la mejor seriedad de estas diligencias abrir los 78 paquetes restantes”, escribió Damonte Taborda al entonces ministro de Hacienda, Carlos Acevedo.
En aquel mensaje, agregó: “Sirve de fundamentos de esta opinión antecedentes que el señor ministro no podrá dejar de apreciar en todo su valor como ser, en primer término, que el contenido de las encomiendas abiertas está constituido en gran parte por material de propaganda antidemocrática y lesivo para las naciones con las cuales mantiene normal relación la República Argentina”.
El legislador presionó para desaprobar la devolución del material por “inconsistencias” por parte de la embajada en oportunidades anteriores, como cuando declaró (antes de este episodio) como correo diplomático bolsas con un transmisor radiotelegráfico.
“Buenos Aires parece ser la plaza elegida para concentración del material de propaganda antidemocrática que luego se distribuye profusamente en otros países de América Latina”, sostuvo en uno de sus informes la Comisión Especial Investigadora.
La comisión pidió así el secuestro de los bultos. El Ministerio del Interior rechazó la solicitud y Cancillería lo respaldó. Fue entonces que la Comisión fue a la Justicia.
El 13 de septiembre de 1941, le pidió al juez federal en lo Criminal y Correccional Miguel Luciano Jantus que ordenara la incautación de las encomiendas. El magistrado solicitó más informes, “debiendo ser mantenida la mercadería” a disposición del juzgado, aclaró expresamente.
El 16 de septiembre de 1941, el juez remitió las actuaciones a la Corte Suprema por tratarse de un trámite que involucraba directamente a un país extranjero y, por lo tanto, de competencia originaria del máximo tribunal.
No había registros hasta ahora de qué había pasado con ese material hasta que fue detectado casi por casualidad en el subsuelo del Palacio de la calle Talcahuano 550.
El director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente, detectó que eran efectos vinculados a esa vieja causa. La información fue elevada al director del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan, quien dispuso la inmediata preservación del material.
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También se ordenó que el material fuera trasladado a una sala del cuarto piso de los tribunales, especialmente acondicionada, con cámaras de seguridad y custodia policial. /TN