Un procedimiento efectuado por inspectores del gobierno tucumano, con el respaldo de las fuerzas de seguridad, permitió detectar no menos de siete irregularidades en el sector de la Reserva Provincial La Angostura, que se suman a las seis que ya habían sido descubiertas en los últimos días.
Los parajes relevados en este nuevo operativo dispuesto por la Fiscalía de Estado y custodiado por decenas de policías al mando del comisario Marcos Goane, fueron: las instalaciones del club Atlético Social Deportivo Tres Luces; el lugar denominado Costa Piedra, donde se reúnen los jóvenes a la salida de los boliches.cuyo propietario no pudo ser ubicado, por lo que se utilizó una topadora para derribar una precaria construcción en el lugar.
– Se hizo un relevamiento de 22 casas construidas en la vera del camino del perilago. Todos los propietarios fueron debidamente identificados.
También recorrieron una parcela que contiene una vivienda y en la que se estaba montando una cancha de fútbol para su explotación, cuyos dueños ya fueron notificados de que estarían ocupando tierras fiscales; las instalaciones del Club Náutico, donde se hizo un barrio privado; el embarcadero “El Pelao”, que se dedica a brindar servicios de pesca y que tendría una orden de desalojo de hace siete años; y reiteraron la visita al “Loteo Gaucho Castro”, donde encontraron más de 15 casas construidas.
Los compradores de esos últimos terrenos fueron los que se presentaron ante las autoridades para identificar a Juan Pablo Castro como el vendedor.
Mientras se realizaba esa tarea en el valle de Tafí, se producían novedades en la capital., donde la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls ampliaba los argumentos para que se resuelva cuanto antes el pedido que realizó recuperar totalmente el área natural protegido.
La funcionaria solicitó que, a través de un amparo, se autorice la remoción o demolición de todas las construcciones que se habían realizado en la Reserva de 1.400 hectáreas. Por la gravedad del caso insistió para que la cuestión se resuelva lo más rápido posible.
Paralelamente, según revelaron desde el Gobierno, estarían recolectando pruebas para iniciar una denuncia penal contra las personas que se beneficiaron con la venta de tierras en El Mollar, a quienes se acusaría al menos de usurpación.
Los compradores, ante el avance de las autoridades, también comenzaron a analizar los pasos a seguir, ya que aseguran haber comprado las parcelas de buena fe.
Por un lado, un grupo de damnificados ya se conectó con un abogado de Concepción, que les habría propuesto presentar un amparo para frenar el desalojo, mientras que otros habrían decidido denunciar penalmente a Castro por estafa.
Al conocer esta versión, los inspectores descubrieron que Castro había logrado una autorización de Flora y Fauna para destinar esas tierras a pastoreo.
Con el paso de los años, se habría presentado en Catastro a iniciar un expediente para comenzar a comercializar esas tierras.
Entre la documentación presentada, habría un plano donde estaban señaladas las parcelas que pretendía comerciar, y aún cuando el trámite nunca concluyó, se lo inscribió en Rentas y en la comuna.
Por el momento es imposible lograr la versión de Castro o de cualquier otra de las personas que se habrían dedicado a la venta de terrenos, lo mismo que con el delegado comunal Jorge Cruz, quien no atiende llamadas ni devuelve mensajes en los que se le pide exponer sobre la situación.
Lo único concreto hasta ahora es que Catastro confirmó que esas tierras son del estado y que desde 1996 se convirtieron en una Reserva, razón por la que la Fiscalía de Estado sostiene la necesidad de recuperarlas.