“No somos usurpadores, somos compradores de buena fe”. Esa es la frase que más repiten los supuestos propietarios de las parcelas del “Loteo Gaucho Castro”, emprendimiento inmobiliario que está en la Reserva de La Angostura y protagonista de una polémica. En medio de tanta incertidumbre hay dos certezas: al menos cuatro reparticiones y la comuna de El Mollar habrían realizado al menos trámites irregulares que facilitaron la venta de esos lotes a un valor de entre U$S15.000 y U$S20.000 desde hace unos cinco años. La otra, es que este caso se judicializará y varios funcionarios tendrían que dar explicaciones.
“Somos varias familias las que compramos de buena fe estas tierras. Hasta el delegado comunal (Jorge Cruz) adquirió y luego vendió dos lotes ahí. Tenemos todos los documentos para demostrar que esos terrenos no pertenecen a ninguna reserva, sino que era de un señor que decidió venderla”, dijo Alberto Cativa. “Nos tratan como delincuentes por haber comprado tierras que no solo cuentan con toda la documentación, sino que además fue respaldada por varios funcionarios y organismo del Estado, incluido Cruz”, añadió.
“Soy directora de escuela desde hace 15 años y jamás haría algo irregular. Me encargué de controlar detenidamente todos los papeles que están en regla. También hice las averiguaciones correspondientes en la comuna y en la escribanía. En todos lados me dijeron que era legal”, informó Cecilia Vallejos, otra de las compradoras. “Nunca nadie nos dijo nada y jamás el Estado puso un cartel que diga que esas eran tierras fiscales. Tampoco considero que fuimos estafados, porque los titulares que los vendieron demostraron que son los propietarios”, añadió.
Génesis
La Reserva Provincial La Angostura se creó a través de un decreto firmado en mayo de 1996. La norma habilitaba a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo a que tomara 1.148 hectáreas de los terrenos fiscales del lago y perilago. Años después, Juan Pablo Castro pidió permiso a esa repartición que lo autorizaran a utilizar parte de esas tierras para pastoreo. Nadie pudo confirmar la fecha exacta del otorgamiento del permiso; si tenía algún tiempo de caducidad y si alguien controló que cumpliera con lo acordado.
“Esas tierras son de él porque se las dieron como forma de pago por un trabajo. Cree que un hombre de 85 años que no usa un celular puede organizar todo un ardid para engañar a tantas personas. Eso es imposible”, aseguró Vallejos.
Entre 2019 y 2020, Castro, con el asesoramiento de dos profesionales cuyas identidades no trascendieron y un nieto político llamado Damián, presentaron en la Dirección General de Catastro un proyecto de venta de terrenos al que bautizaron “Loteo Gaucho Castro”. Se trataba del primer barrio cerrado de El Mollar. Desde esa fecha hasta mediados del año pasado habrían vendido entre 50 y 60 lotes. Una veintena de compradores construyeron viviendas y entre dos y tres de ellos viven de manera permanente allí.
Golpe a la ilusión
En octubre, en una inspección de rutina, empleados de distintas reparticiones descubrieron que las tierras de la reserva estaban ocupadas. El Gobierno tomó dos caminos. Por un lado, la Policía sacó con topadoras los alambrados que se habían colocado en parte de esas tierras. La fiscal de Estado Gilda Pedicone inició en la Justicia una demanda. La jueza María Felicitas Masaguer, al entender que esas eran tierras fiscales, dictó una medida cautelar en el que prohibió cualquier tipo de acción que afectara al medio ambiente. Entre otras, la construcción de viviendas en el loteo cuestionado y en otros sectores. Pero todavía no está resuelta la cuestión de fondo: definir la situación de los compradores.
“Están afectando nuestro patrimonio. Hemos comprado en buena fe y ahora nos quieren hacer pasar por usurpadores. Queremos que el gobernador (Osvaldo) Jaldo analice la situación porque tenemos todos los papeles en regla”, sostuvo Cativa. “Desde que todo esto empezó no sólo tenemos que vivir angustiados porque podemos perder nuestro patrimonio, sino que además quedamos como delincuentes. Somos trabajadores que sólo buscaron un lugar para descansar”, indicó Vallejos.
Semanas después de que estallara el escándalo, en Casa de Gobierno hubo una reunión entre los compradores y los funcionarios de la Fiscalía de Estado. En ese encuentro presentaron una serie de documentos. “Con esos papeles demostramos que hubo varios organismos estatales que avalaron la venta de esos terrenos. Por eso decimos que no fuimos estafados por nadie, sino que somos legítimos compradores”, explicó Cativa.
Los papeles
Los documentos presentados son pruebas de las irregularidades que existirían en este caso. Los vecinos del “Loteo Gaucho Castro” mostraron el plano que les entregó el vendedor. Se trata de una carpeta presentada en la Dirección General de Catastro (DGC) que supuestamente había sido aprobada en diciembre de 2020. “Fue un anteproyecto que no tenía la autorización que se necesita de Flora y Fauna para aprobarlo. Tampoco acompañaron los informes de factibilidad, que son claves. Por eso se lo desestimó. Nunca fue aprobado”, aseguró Alejando Navarro, titular del organismo. Al hacerse público el caso, directamente el expediente fue archivado, por lo que salvo que haya otra orden, no hay ninguna chance de que se pueda regularizar.
Los compradores tienen otro papel que consideran como fundamental. En una nota que no tiene fecha y que fue firmada por dos abogados de Catastro, en la que se recomienda que el expediente, si es que las autoridades aprobaban la idea, debería ser girado a la Unidad Técnica de Regularización Dominial que depende de la Secretaría de Gobernación. Entre otras cuestiones, argumentaron que las tierras estaban escrituradas y cumplían con los requisitos legales. LA GACETA no pudo establecer cuál fue el final de ese trámite.
Sí se pudo confirmar que en febrero de 2023, con la rúbrica de un abogado de la Unidad de Regulación Dominial, se emitió una constancia a nombre de Castro para informar que la escrituración del terreno estaba en trámite para que se presentara en EDET. En otras palabras, para Catastro, el supuesto dueño de las parcelas tenía la titularidad del predio, pero para otra repartición, la estaba gestionando.
A pesar de todo, la Dirección General de Rentas (DGR) emitió en enero de 2023 una boleta de pago anual del Impuesto Inmobiliario a nombre del vendedor si todavía no estaba resuelto quién era el dueño de las tierras.
La comuna de El Mollar es el último eslabón de esta cadena de dudas. Todos los compradores dijeron que los funcionarios les confirmaron que el loteo cumplía con todos los requisitos exigidos por ley. Incluso, en agosto de 2023, el delegado comunal Cruz firmó una nota otorgándole la factibilidad a Castro para que pudiera brindar el servicio de agua. “Él siempre nos dijo que estaba todo bien, que era un proyecto autorizado. Por eso él también se vio perjudicado porque vendió dos terrenos que estaban a su nombre”, comentó Cativa.
“Les ruego que aclaren las cosas: no somos usurpadores. Compramos porque había una serie de documentos del Estado y la opinión de una escribana que demostraban que todo era legal”, finalizó Vallejos.
“Se cumplió el primer objetivo, pero iremos por más”, dijo la fiscal Pedicone
“Las instrucciones que recibimos del gobernador (Osvaldo) Jaldo son ir hasta las últimas consecuencias en este y en todos los casos en la que estén en peligro las tierras que pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia y, por ende, de todos los tucumanos”, sostuvo la fiscal de Estado Gilda Pedicone. “Hasta el momento se cumplió con el primer objetivo, pero iremos por más. Conseguir una medida cautelar para que se siga avanzando contra la Reserva Natural de La Angostura para preservar el medio ambiente”, indicó. “Una vez que finalice la feria judicial seguiremos avanzando”, dijo la funcionaria que evitó dar más precisiones para no revelar detalles de una casi segura investigación.
Sin embargo, LA GACETA pudo establecer que se avanzaría en una demanda civil para recuperar las tierras ocupadas y otra penal para que se investigue cómo se llegó a vender los terrenos del “Loteo Gaucho Castro”. El principal denunciado sería Juan Pablo Castro, que aparece como el titular del proyecto inmobiliario, pero de la pesquisa que hagan en el Centro Judicial de Monteros, podrían surgir nombres de funcionarios y empleados estatales que habrían tenido algún tipo de participación en el caso, según dijeron las fuentes consultadas.
Pretenden que el “caso Bolla” termine transformándose en un ejemplo
Marcos Bolla fue detenido hace 10 días junto a dos albañiles por haber sido sorprendido realizando obras en su vivienda del “Loteo Gaucho Castro”. Fue acusado de usurpación y desobediencia judicial por haber incumplido con la medida cautelar que prohibía avanzar con las construcciones de las casas que estaba en ese lugar.
El juez Marcos Núñez Campero les dictó la prisión preventiva a los tres, pero su par de Impugnación Paul Hofer confirmó el fallo en contra del propietario sólo por haber incumplido con la resolución judicial y ordenó liberar a los dos trabajadores.
El imputado cambió de defensor y también de estrategia. Pasó de negar la acusación a buscar una salida alternativa para cerrar el expediente y recuperar la libertad. Por ese motivo, el profesional que lo asiste le propuso al fiscal Carlos Rodríguez cerrar el caso a través de una probation. Es decir, se haría responsable del ilícito, retiraría la casa que estaba instalando (es una prefabricada), demolería todo lo que había construido, dejaría el terreno tal como se lo entregaron y pagaría un resarcimiento económico (sería de unos $100.000) a cambio de no recibir ninguna condena.
La Fiscalía de Estado, que actúa como querellante en el caso, se opondría. Cambiaría de opinión si Bolla acepta hacer un acuerdo para que el caso se cierre a través de un juicio abreviado. Para ello, debería mantener el ofrecimiento que hizo y recibir una condena de cumplimiento condicional. “Si llegamos hasta aquí es porque se quiere derrumbar esa teoría de que aquí nunca pasa nada. Si alguien cometió un delito, debe hacerse cargo”, señaló una fuente de la Fiscalía de Estado. La última palabra la tendrá el representante del Ministerio Público, que se transformará en una especie de mediador entre ambas partes.
El juez Marcos Núñez Campero les dictó la prisión preventiva a los tres, pero su par de Impugnación Paul Hofer confirmó el fallo en contra del propietario sólo por haber incumplido con la resolución judicial y ordenó liberar a los dos trabajadores.
El imputado cambió de defensor y también de estrategia. Pasó de negar la acusación a buscar una salida alternativa para cerrar el expediente y recuperar la libertad. Por ese motivo, el profesional que lo asiste le propuso al fiscal Carlos Rodríguez cerrar el caso a través de una probation. Es decir, se haría responsable del ilícito, retiraría la casa que estaba instalando (es una prefabricada), demolería todo lo que había construido, dejaría el terreno tal como se lo entregaron y pagaría un resarcimiento económico (sería de unos $100.000) a cambio de no recibir ninguna condena.
La Fiscalía de Estado, que actúa como querellante en el caso, se opondría. Cambiaría de opinión si Bolla acepta hacer un acuerdo para que el caso se cierre a través de un juicio abreviado. Para ello, debería mantener el ofrecimiento que hizo y recibir una condena de cumplimiento condicional. “Si llegamos hasta aquí es porque se quiere derrumbar esa teoría de que aquí nunca pasa nada. Si alguien cometió un delito, debe hacerse cargo”, señaló una fuente de la Fiscalía de Estado. La última palabra la tendrá el representante del Ministerio Público, que se transformará en una especie de mediador entre ambas partes.
Uno de los puntos más polémicos es que los compradores, por el momento, no tienen ni siquiera pensado iniciar una demanda contra el vendedor de las tierras. “¿Por qué lo haríamos? El Estado avaló la venta. Si hasta la máxima autoridad de la comuna, que es el delegado comunal Jorge Cruz dijo que todo estaba correcto y que no había ninguna irregularidad”, finalizó Cativa.
Fuente: La Gaceta