Un juez español citó a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, convocó a la Primera Dama para el viernes 5 de julio.
La citación forma parte de las diligencias previas en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que la mujer del presidente Sánchez codirigía.
El juez abrió diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado “sindicato” Manos Limpias. La presentación se basa en noticias de prensa y la Fiscalía pidió archivar el expediente.
El juez Peinado la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias previas, el pasado 16 de abril, según consta en varias resoluciones que obran en el sumario del caso.
Las pesquisas se centran en los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid adjudicaron a la sociedad mercantil Innova Next, administrada por Barrabés, y que ascienden a 10 millones de euros.
El Gobierno afirma que las acusaciones contra Gómez son falsas y se trata de una estrategia mediática y política para desgastar a Pedro Sánchez, que la defendió como “profesional honesta, seria y responsable”.
Este martes, el gobierno reiteró que no hay “nada de nada” en el caso contra la esposa de Sánchez. El gobierno tiene “absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada”, señaló en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, quien aseveró que la denuncia contra Begoña Gómez está basada en “mentiras”.
El jefe del Ejecutivo llegó a tomarse cinco días de reflexión a finales de abril para meditar si renunciaba al saberse que el juez habría abierto diligencias contra su mujer, y consideró que se trataba de una campaña de “acoso y derribo”.
Finalmente, anunció que seguía al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe” y el compromiso de “trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente” de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y de libertades.