El calabozo de una comisaría tucumana volvió a convertirse en escenario de horror. Víctor Hugo Herrera, de 38 años, murió el viernes por la noche tras sufrir atroces torturas a manos de sus compañeros de celda en la comisaría de Los Pocitos, en una secuencia de violencia que incluyó cortes en el rostro, quemaduras, golpizas y vejaciones, según denunciaron sus representantes legales.
Este es el tercer caso de muerte violenta de una persona detenida en lo que va del año en Tucumán, lo que genera una creciente alarma sobre las condiciones de encierro en dependencias policiales.
Según la reconstrucción de los hechos, Herrera —que cumplía una condena de tres años por robo, dictada en agosto de 2022— fue atacado brutalmente el martes dentro del calabozo por otros detenidos, sin que el personal policial interviniera.
“Le cortaron el rostro y le decían: ‘ahí está el nuevo Guasón’, como el villano del cine”, relató Javier Lobo Aragón, abogado de la familia de la víctima. Luego, agregó, le realizaron dibujos obscenos en distintas partes del cuerpo con un objeto cortante, lo quemaron para intentar borrar las marcas y le llenaron los ojos de harina para que no pudiera identificar a sus agresores.
El abogado denunció que incluso obligaban a los demás reclusos a golpearlo bajo amenaza de sufrir el mismo castigo, y que uno de los pocos que intentó auxiliarlo podría haber sido mutilado en sus genitales como represalia.
Recién el jueves, dos días después del ataque, Herrera fue trasladado al hospital Padilla, pero los médicos no pudieron revertir la gravedad de las lesiones y falleció al día siguiente. “Acá hay dos cuestiones clave que deben investigarse: cómo es posible que la policía no supiera lo que ocurría en la celda y por qué no se le dio atención médica de inmediato”, cuestionó el letrado.
Herrera acumulaba antecedentes penales desde su adolescencia, pero a pesar de estar cumpliendo una condena firme, permanecía alojado en una comisaría y no en una unidad penitenciaria, como indican los protocolos vigentes. Esta irregularidad impidió también que fuera evaluado por el Servicio Penitenciario para acceder a beneficios que le correspondían por ley.
Aunque no hay una versión oficial sobre el motivo del ataque, en el expediente comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que Herrera se habría apropiado de una tira de psicofármacos de otro detenido, en un contexto en el que —según las fuentes— el consumo de sustancias era habitual dentro del calabozo. Aún no se ha determinado cómo accedían a los medicamentos y si hubo complicidad o negligencia policial.
El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, ya identificó a tres detenidos como presuntos responsables del crimen, quienes fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. Aún no fueron formalmente imputados, aunque se espera que las próximas horas sean clave en el avance de la causa.
Hasta ahora, no se ha determinado la responsabilidad penal de los efectivos de la comisaría de Los Pocitos, pero el Ministerio de Seguridad provincial confirmó que se abrió una investigación interna para esclarecer si existió omisión o encubrimiento por parte del personal policial.
El caso de Herrera es el tercer deceso bajo custodia policial en lo que va de 2025 en Tucumán. En enero, Walter Romano fue asesinado dentro de un calabozo de la comisaría de Banda del Río Salí. Por ese hecho fue imputado otro detenido, Jesús David Mansilla.
En abril, Wilson Ruiz, interno de la cárcel de Villa Urquiza, murió en circunstancias que aún se investigan: el Servicio Penitenciario adujo que fue por meningitis, pero su familia sostiene que fue víctima de una golpiza brutal por parte de los guardiacárceles.
Estos hechos revelan una preocupante secuencia de violencia institucional, falta de control estatal sobre los lugares de detención y la urgente necesidad de revisión de las condiciones de encierro y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
La sociedad tucumana exige respuestas. Y, ante este nuevo caso de tortura y muerte en custodia, la Justicia tiene la obligación de actuar con firmeza y transparencia para evitar que la impunidad siga siendo una constante.
Fuente: Contexto