El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer un informe sobre Derechos Humanos en el que, entre muchas otras observaciones, advirtió sobre «la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel, y la corrupción, también presente en el Poder Judicial».
«En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho», señaló el informe de la organización al poner el foco en nuestro país.
Como ya había sucedido en años anteriores, el Departamento de Estado comentó sobre las violaciones de derechos humanos en la Argentina, y mencionó las ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas las «ejecuciones extrajudiciales», tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales, malas condiciones penitenciarias, «serios problemas con la independencia del poder judicial» y «grave corrupción gubernamental».
«La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva», señala el informe que fue presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken.
«Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, indicó el escrito.
El Gobierno norteamericano sostuvo además que el gobierno argentino «tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción».
«La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos», agregó el informe.
Por otra parte, el Departamento de Estado hizo referencia a la situación de la libertad de expresión en el país, y destacó que «el Gobierno generalmente respetó este derecho».
Sin embargo, mencionó que en julio el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una advertencia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre «ataques de políticos contra periodistas que estaban socavando la libertad de expresión en el país».
En este sentido, aludió a tres casos de hostigamiento judicial a periodistas: Irene Benito, de La Gaceta; Daniel Santoro, de Clarín, y Daniel Enz, de Revista Análisis.
«En todos estos casos, FOPEA argumentó que figuras políticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas», advirtió el Gobierno norteamericano.
El informe de Derechos Humanos hizo mucho énfasis en los crímenes de guerra perpetrados por Rusia en Ucrania y «el apoyo» de China a Moscú, reflejado en a visita de Xi Jinping a Vladimir Putin.