Un tribunal federal de apelaciones dictaminó a última hora del miércoles que la administración Trump actuó ilegalmente al poner fin a las protecciones legales que otorgaban permiso a cientos de miles de personas de Venezuela para vivir y trabajar en los Estados Unidos.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito de EE.UU. confirmó el fallo de un tribunal inferior que determinó que la ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad al finalizar el estatus de protección temporal para los venezolanos.
La decisión, sin embargo, no tendrá ningún efecto práctico inmediato después de que la Corte Suprema de EE. UU. permitiera en octubre que la decisión de Noem entrara en vigor a la espera de una decisión final por parte de los magistrados.
Un correo electrónico enviado el miércoles por la noche al Departamento de Seguridad Nacional no fue respondido de inmediato.
El panel del 9no Circuito también confirmó la conclusión del tribunal inferior de que Noem excedió su autoridad al decidir finalizar el TPS de manera anticipada para cientos de miles de personas de Haití.
Se espera que un juez federal en Washington dictamine en cualquier momento sobre una solicitud para pausar la terminación del TPS para Haití mientras avanza una demanda separada que la impugna.
La designación del TPS para dicho país está programada para finalizar el 3 de febrero. Los jueces del 9no Circuito Kim Wardlaw, Salvador Mendoza, Jr. y Anthony Johnstone señalaron en el fallo del miércoles que la legislación del TPS aprobada por el Congreso no otorgaba al secretario el poder de anular una designación de TPS existente. Los tres jueces fueron nominados por presidentes demócratas.
El estatuto contiene numerosas salvaguardas procesales que garantizan que las personas con TPS disfruten de previsibilidad y estabilidad durante periodos de condiciones extraordinarias y temporales en su país de origen, escribió Wardlaw, quien fue nominada por el presidente Bill Clinton, en nombre del panel.
Wardlaw afirmó que las acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas para los venezolanos y haitianos en los Estados Unidos que dependen del TPS.
El expediente está repleto de ejemplos de miembros de la sociedad trabajadores y contribuyentes —que son madres, padres, esposas, esposos y parejas de ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos y no tienen antecedentes penales— que han sido deportados o detenidos tras perder su TPS, escribió.
El Estatus de Protección Temporal, o TPS, autorizado por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990, permite al secretario de Seguridad Nacional otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales que impiden un regreso seguro a ese país de origen.
Las designaciones se otorgan por periodos de seis, 12 o 18 meses, y se pueden conceder prórrogas siempre que las condiciones sigan siendo críticas. El estatus evita que los beneficiarios sean deportados y les permite trabajar, pero no les otorga una vía hacia la ciudadanía.
Al poner fin a las protecciones, Noem dijo que las condiciones tanto en Haití como en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional permitir que los inmigrantes de los dos países se quedaran en lo que es un programa temporal.
Millones de venezolanos han huido de la inestabilidad política, el desempleo masivo y el hambre. El país está sumido en una crisis prolongada provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.
Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010 tras un catastrófico terremoto de magnitud 7.0 que mató e hirió a cientos de miles de personas, y dejó a más de 1 millón sin hogar. Los haitianos enfrentan hambre generalizada y violencia de pandillas.
Mendoza escribió por separado que existía amplia evidencia de animosidad racial y de origen nacional que reforzaba la conclusión del tribunal inferior de que las decisiones de Noem estaban predeterminadas y su razonamiento era un pretexto.
Está claro que las acciones de anulación de la Secretaria no se basaron realmente en consideraciones de política sustantiva o diferencias genuinas con respecto a los procedimientos de TPS de la administración anterior, sino que se basaron en un diagnóstico fundamentado enestereotipos sobre los inmigrantes de Venezuela y Haití como criminales peligrosos o personas con problemas mentales, escribió.
Los abogados del gobierno han argumentado que la secretaria tiene una autoridad clara y amplia para tomar determinaciones relacionadas con el programa TPS y que esas decisiones no están sujetas a revisión judicial. También han negado que sus acciones estuvieran motivadas por animosidad racial.