El gobierno de los Estados Unidos decidió sacar a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado y en la brevedad lo informará ante el Congreso.
Funcionarios de la administración de Joe Biden en diálogo con la prensa internacional deslizaron que la decisión impactará en las próximas horas.
De acuerdo a la información que trascendió de Washington, quitar a la isla de la lista es parte de un entendimiento entre Estados Unidos y la Iglesia Católica, que también incluiría la liberación de presos políticos.
La medida que adoptará el gobierno norteamericano se da seis días antes de que finalice el mandato de Biden en la Casa Blanca, al considerar que no hay información que fundamente mantener a Cuba como patrocinador del terrorismo.
Por esa razón, la decisión del presidente demócrata podría quedar anulada en pocos días, cuando el republicano Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos y el senador republicano Marco Rubio pase a ser secretario de Estado.
Rubio, cuya familia salió de Cuba en los años 50 antes de la revolución comunista que llevó al poder a Fidel Castro, ha sido siempre un impulsor de sanciones contra la isla.
El futuro secretario de Estado asistirá el miércoles a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para sus audiencias de confirmación y probablemente en sus declaraciones hablará de sus raíces cubanas.
En los últimos días de la primera administración de Trump, el 11 de enero de 2021, la Casa Blanca restableció la designación, que había sido revertida durante el período de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Barack Obama.
Al hacerlo, la administración Trump citó el apoyo de Cuba al líder venezolano Nicolás Maduro y su negativa a extraditar a rebeldes colombianos a Colombia, entre otros temas, incluyendo
su continuo albergue de estadounidenses buscados.
La decisión fue una de varias en el área de política exterior que Trump hizo en los últimos días de su primer mandato.
Grupos de derechos humanos y activistas, incluyendo la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, han estado presionando a la administración de Biden para que levante la
designación.