La Justicia Federal profundizó la investigación contra el abogado tucumano Darío Gerardo Ovejero, denunciado por una presunta estafa vinculada a inversiones en operaciones de compra y venta de azúcar por más de 740 millones de pesos. En el marco de la causa, se ordenó el levantamiento de los secretos bancario, financiero, fiscal y bursátil para reconstruir el recorrido del dinero, determinar el origen y destino de los fondos captados e identificar el funcionamiento de las empresas que habrían intervenido en las maniobras investigadas.
El expediente, que inicialmente tramitó en la Justicia provincial, pasó a la órbita federal luego de que surgieran indicios de posibles delitos de mayor gravedad, entre ellos lavado de activos, intermediación financiera no autorizada, ilícitos tributarios e infracciones al Régimen Penal Cambiario.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por nueve personas que aseguraron haber sido convencidas por Ovejero para invertir importantes sumas de dinero en un supuesto negocio de compra, venta y exportación de azúcar a gran escala. Según manifestaron los denunciantes, las ganancias prometidas nunca fueron abonadas.
En una primera etapa, la causa estuvo a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila, donde se reunieron los primeros elementos de prueba.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el abogado habría desarrollado un mecanismo sistemático de captación de fondos mediante promesas de inversiones altamente rentables. Para generar confianza entre los inversores, afirmaba desempeñarse como operador del mercado azucarero y sostenía que, gracias a los vínculos laborales de su padre en el área de control de calidad del sector, podía acceder al producto por debajo de su valor comercial.
Bajo ese esquema ofrecía rendimientos mensuales fijos de entre el 10% y el 15% sobre el capital invertido, tanto en pesos como en dólares. Las operaciones eran respaldadas mediante pagarés, contratos de mutuo, recibos y acuerdos de refinanciación.
Según la investigación, logró captar inversiones millonarias, entre ellas aportes por 168 millones de pesos, 48 millones de pesos y 100.000 dólares.
Los investigadores sostienen que, para sostener la apariencia de legitimidad del negocio, habría abonado las primeras cuotas utilizando dinero aportado por nuevos inversores, en una modalidad compatible con un esquema Ponzi.
Cuando los damnificados comenzaron a reclamar el pago del resto de las sumas comprometidas, Ovejero habría entregado como garantía formularios 08 correspondientes a una camioneta Honda CRV y a un automóvil Citroën C3 que, según la pesquisa, presentaban irregularidades registrales.
La investigación también apunta al presunto uso de diversas sociedades comerciales para emitir cheques sin fondos, con orden de no pago o presuntamente apócrifos. Entre las firmas mencionadas figuran El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS, esta última señalada como una empresa en la que Ovejero sería socio y representante legal.
Tras seis meses de investigación, el fiscal Diego López Ávila solicitó que la Justicia provincial se declarara incompetente al considerar que los hechos podían configurar delitos de competencia federal. El planteo fue aceptado por el juez Guido Cattáneo, quien remitió el expediente al fuero federal.
La causa quedó finalmente radicada en la Fiscalía Federal N.º 1, desde donde se impulsó como primera medida el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil tanto de Ovejero como de las personas jurídicas vinculadas a las empresas investigadas.
El pedido fue autorizado mediante una resolución dictada el martes por el titular del Juzgado Federal N.º 3 de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez.
En esa decisión, el magistrado ordenó levantar el secreto bancario y dispuso que el Banco Central de la República Argentina requiera a todas las entidades financieras bajo su supervisión información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, cajas de seguridad, transferencias, legajos de clientes, Reportes de Operaciones Sospechosas y demás movimientos financieros correspondientes a Ovejero y a las firmas Food Trading Dos SA, Miyagi SA, El Marqués SAS y Bellamar Estancias SA.
Asimismo, instruyó a COELSA para que aporte un detalle de las cuentas y movimientos registrados tanto en entidades bancarias como en plataformas virtuales relacionados con el abogado y las empresas involucradas.
La resolución también ordenó solicitar información a la Comisión Nacional de Valores sobre las operaciones realizadas por las sociedades investigadas y requerir a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales datos vinculados con eventuales transacciones en criptomonedas o billeteras virtuales.
En paralelo, el juez dispuso el levantamiento del secreto financiero y libró un oficio a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que remita los Reportes de Operaciones Sospechosas, los Reportes Sistemáticos Mensuales y toda la información disponible sobre el eventual uso de criptoactivos por parte de los investigados.
Con la incorporación de esa documentación, el Ministerio Público Fiscal buscará reconstruir la trazabilidad de los fondos presuntamente captados mediante las inversiones, establecer el destino final del dinero, determinar el funcionamiento de las sociedades comerciales involucradas, analizar los movimientos bancarios y financieros realizados, verificar si existió una estructura organizada para concretar las maniobras e identificar la posible participación de otras personas, además de reconstruir el patrimonio y los activos vinculados al principal denunciado./Contexto