El ex gobernador José Alperovich, cuyo juicio por abuso sexual está ya en su etapa final, tiene abierto otro complicado frente judicial. Se trata de una denuncia de integrantes de su propia familia, quienes lo acusaron de haberse quedado con una herencia, mediante maniobras irregulares, en perjuicio de otros herederos.
La disputa familiar sucedió tras la muerte en 2021 de Marta León de Alperovich, madre del exgobernador, por la presidencia que ella llevaba a cabo de la empresa León Alperovich S.A.C.I.F.I., la sociedad comercial, industrial, financiera e inmobiliaria de administración familiar. Los hermanos son José, Naum, Sara y Leonor y, según sobrinos de Alperovich, fue él junto con el segundo de los hermanos quienes, mediante maniobras irregulares, se hicieron de la herencia familiar.
En la denuncia presentada por Martín, Matías y Marcela Meleguir, hijos de Leonor y sobrinos del exgobernador, en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III° Nominación, señalaron que José y Naum influenciaron a su madre para que les cediera la herencia en perjuicio de sus otras hijas.
Para ello, habrían simulado pagos de dividendos de la firma León Alperovich S.A.C.I.F.I por valores exageradamente inferiores a los reales valores de mercado, mediante actos irregulares, donde resultaron ser los únicos socios favorecidos. Según trascendió, la herencia en cuestión comprende unos 76 inmuebles en total, así como plazos fijos y sumas de dinero que llegan a los 6,5 millones de dólares y 10,5 millones de pesos que habrían quedado en poder de José y Naum Alperovich.
Junto con la demanda civil también instaron una denuncia penal contra los integrantes del directorio de la empresa familiar: Daniel Alperovich (hijo del exgobernador), Naum Alperovich y Raúl Estofán (síndico de la empresa y hermano de un juez de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán) quienes —según se los acusa— habrían fraguado documentos para permitir que los bienes pasen a manos de los dos hermanos favorecidos.
La denuncia es por falsificación ideológica para hacer de esa herencia familiar y aprovechando que la madre estaba internada a fines de 2021 por problemas de salud. El 22 de mayo uno de los sobrinos ratificó la denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad 1 a cargo del Fiscal Mariano Fernández.
Este miércoles 12 la defensa del exsenador y gobernador tucumano, a cargo de Augusto Garrido, hará sus comentarios de cierre, en el marco de la etapa final del juicio en su contra por abuso sexual de su sobrina y exempleada. Superada esa etapa, José Alperovich tendrá la oportunidad de brindar sus últimas palabras y exponer su punto de vista de todo el proceso. A partir de ahí el juez Ramos Padilla dará por clausurado el juicio e informará la fecha de lectura del veredicto.
El último lunes la querella dio sus alegatos finales y pidió una condena a 22 años de prisión por los hechos sucedidos entre 2017 y 2018. La jornada crucial del juicio se llevó a cabo a sala llena y bajo la atenta mirada de los hijos del dirigente justicialista. «Es culpable de todos los hechos de los que se lo acusan, los abusos quedaron probados en todos los casos, vimos que la víctima se negaba y decía que no, y se daba en un contexto de asimetría de poder muy claro», indicaron los abogados.
En otro momento, la querella se refirió al supuesto «complot armado» que Alperovich denunció en su contra al manifestar su inocencia la semana pasada, indicando que se trataba de una «denuncia falsa enmarcada en una campaña sucia» preparada por sus «enemigos» Carlos Cisneros (diputado nacional) y David Mizrahi, exconcejal de San Miguel de Tucumán y expareja de la denunciante. «Nada de esto resulta creíble ni verosímil: no tiene ningún sentido», indicaron.
Para la querella la negación de todos los hechos por parte de Alperovich «ataca la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único».
Hacia el cierre, los abogados le pidieron al juez Ramos Padilla que condene al exsenador por los hechos de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y agravado a la pena de 22 años de prisión, dada «la gravedad del injusto». También pidieron, en caso de condena, su encarcelamiento preventivo hasta tanto quede firme la sentencia con el fin de evitar el «riesgo de fuga» surgido del «poder que todavía tiene» el acusado. /Perfil