El Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según confirmaron a TN funcionarios involucrados en el expediente.
La decisión apunta contra la intimación que dictó el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
En el Gobierno todavía analizan si pedirán que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que abriría una discusión específica sobre si la intimación continúa produciendo efectos mientras interviene la Cámara. “Estamos estudiando el tema”, explican en despachos oficiales. La decisión sobre ese punto todavía no está tomada.
La posición de fondo de la Casa Rosada es distinta a la del juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informó y acreditó ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación contra la nueva resolución.
La apelación no reabre, sin embargo, la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
La medida fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno llevó luego el planteo a la Corte Suprema, que el 25 de junio rechazó el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esa manera, la cautelar quedó firme mientras continúa pendiente la resolución sobre el fondo de la causa.
El litigio principal apunta contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero subordinó su ejecución a la definición de las fuentes necesarias para afrontar el gasto. La causa de fondo, en la que las universidades cuestionan la constitucionalidad del decreto 759/2025, todavía no tiene sentencia definitiva. Mientras tanto, la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario está firme y ahora se discute su cumplimiento.
En junio, el Gobierno intentó demostrar ante la Justicia que había comenzado a cumplir con las obligaciones reclamadas. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios firmaron el 10 de junio un acta que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.
Con ese acuerdo, Nación pidió posteriormente que se levantara la cautelar al considerar que habían cambiado las circunstancias que la habían justificado. Cormick rechazó ese planteo el 1 de septiembre y sostuvo que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial y a los perjuicios invocados por las universidades.
La negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre. El Ejecutivo mantuvo una propuesta adicional del 3% para los salarios universitarios y sostuvo ante los gremios que la aplicaría aun sin acuerdo. Las organizaciones sindicales rechazaron el planteo y mantienen una diferencia significativa respecto del cálculo oficial sobre cuánto falta recomponer.
El nuevo fallo avanzó un paso más sobre la ejecución de la cautelar. Cormick intimó al Ejecutivo a cumplirla completamente dentro de cinco días y estableció que, en caso contrario, podrá imponer astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de demora.
La disputa judicial convive con una negociación política que el Gobierno pretende desarrollar durante el debate del Presupuesto 2027. La Casa Rosada está dispuesta a revisar la partida universitaria incluida en el proyecto y buscar un punto intermedio con los rectores y los bloques aliados.
El texto enviado al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a $11 billones. En Nación no prevén aceptar automáticamente esa cifra, pero admiten que el monto enviado originalmente puede modificarse.
La estrategia oficial es que un acuerdo presupuestario permita también modificar el escenario judicial. El Ejecutivo busca consensuar mayores recursos y presentar ese entendimiento dentro del expediente como una nueva circunstancia. Eso no permite dejar sin efecto automáticamente las decisiones vigentes: cualquier modificación de la cautelar deberá ser resuelta por los tribunales.
Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El próximo movimiento inmediato será la apelación contra la intimación de Cormick: el Gobierno llevará el planteo a la Cámara, mientras define si también solicitará suspender sus efectos durante la revisión.